Por Octavio Martínez/ @Octilius
En México, en los últimos años, nos hemos acostumbrado a reducir el tema de la convivencia social a un asunto de seguridad. Y cómo no hacerlo si el entorno, tanto el empírico como el mediático, nos obligan a ello. Si todos los días nos “nutrimos” de noticias sobre decapitados, secuestrados, mutilados, etc. ¿quién no querría buscar por todos los medios posibles su propia seguridad? Sin duda, una buena parte de nosotros así lo querría. Pero al no importarnos los medios para obtener tan anhelado fin, nos ponemos en las manos de señores feudales que puedan ofrecernos cierta estructura mínima para la supervivencia. Pronto, hacemos pactos con esos señores en los que nos conformamos con saber que no moriremos mientras durmamos y que podremos salir a hacer las compras sin mayores inconvenientes. Así, cancelamos la posibilidad de alcanzar seguridad sin quebrantar derechos -igualmente valiosos- como la libertad, la presunción de inocencia, etc.
Aquí se abren varias interrogantes; la primera: ¿es la seguridad un derecho que deba protegerse por encima de cualquier otro? o, más bien, se trata de una consecuencia lógica de la protección de otros derechos como son la educación, la salud, el trabajo, etc; la segunda: ¿firmar pactos con señores feudales para obtener seguridad resulta conveniente?; la tercera: ¿quiénes son estos señores feudales y qué podemos esperar de ellos?
Para intentar responder la primera es importante cuestionarnos qué estamos entendiendo por seguridad y paz, pues pareciera que no es otra cosa que la “paz de las tumbas”, aquella donde estoy seguro de que no seré aniquilado mientras decida cooperar acríticamente con el gobierno. Parece que suscribimos una paz donde queremos que los criminales estén encerrados, pero también donde aceptamos estar encerrados en camionetas blindadas y en departamentos-hoteles donde seamos intocables, y donde también aceptamos ser monitoreados de forma permanente. A la vez, parece que se nos olvida que esas condiciones de “vida privada”, son causantes no en poca medida de la desigualdad y los resentimientos que suelen acompañar los derroteros del crimen.
La seguridad es una precondición del ejercicio del poder, es decir, es un marco de desarrollo social que debe ofrecer todo gobierno, no tanto por virtud sino por mera necesidad. Sin ella, no puede funcionar la sociedad y por ende, tampoco él. Entendida en ese sentido, la relación entre seguridad y derecho se antoja peligrosa, pues no se trata de un límite del ejercicio del poder político frente a la libertad del ciudadano, sino que se trata de las acciones que requiere el gobierno para generar una sociedad funcional, se trata pues de una prerrogativa política.
De ninguna manera estoy diciendo que no es necesaria la seguridad o que ésta no sea un derecho indispensable, lo que cuestiono es qué precio estamos dispuestos a pagar por ella, cuánto de nuestra libertad estamos dispuestos a sacrificar con tal de conseguir las condiciones de la seguridad. Porque si estamos dispuestos a cooperar de manera servil con gobiernos, medios de comunicación, etc, preparémonos para estar vigilados todo el tiempo y para convertirnos todos en sospechosos o potenciales criminales.
Tenemos derecho a la vida, a la educación, a la salud, al desarrollo de una vida digna, a la libertad, etc. La amplitud con la que se protejan y se logren esos derechos determina las posibilidades de la seguridad. No podemos esperar seguridad en un contexto de desigualdad, de descontento, de pobreza o desesperanza y tampoco podemos esperar que encierren a todos los “malos y descarriados”, sin entender que esas son las condiciones ideales para el florecimiento de una política policiaca en la que algún día vendrán por nosotros.
Así, es inaceptable suponer que todos los derechos son supeditables al fin político de la seguridad. Si hemos de entender seguridad como un bien jurídico, entonces hay que entenderla relacionada con algo distinto a la vigilancia y al control, si no queremos que todos nuestros derechos se vean cancelados en aras de mantener un “mundo feliz” como el que planteó Huxley.
Ahora, respecto a la segunda y tercera interrogante: desde luego que se me dirá que bajo ciertas condiciones de inseguridad, pactar con un señor feudal a cambio de seguridad no sólo resulta conveniente, sino imperioso. Si estos señores, sean parte del gobierno, o de un grupo mafioso, nos garantizan la seguridad –bien básico para la vida- vale la pena pactar.
El problema es que si la seguridad nos esclaviza a la voluntad y las necesidades políticas de los señores feudales, entonces el costo de esta ha sido demasiado alto. En la Edad Media, los lazos de vasallaje con los que el súbdito buscaba obtener seguridad siempre estuvieron dados desde una perspectiva recíproca, donde gobernante y gobernado compartían el fin del bienestar de la comunidad[1]. No estoy seguro de que los “señores” con los que podríamos pactar hoy estén dispuestos a establecer lazos de reciprocidad, ni que consideren algo más que su beneficio personal al ofrecernos seguridad.
Ya mencionamos que los señores feudales se pueden encontrar tanto en el gobierno, como en grupos mafiosos. Y, aunque ninguno de los dos estaría dispuesto a reconocer relaciones recíprocas, cualquiera de los dos estaría muy dispuesto a exigir lealtad de nosotros. Es decir, quienes nos ofrecen seguridad, siempre estarán gozosos de venir a “cobrar la cuenta” una vez obtenido el fin pactado.
En dicho horizonte, se advierte que nuestra libertad estaría francamente comprometida. Incluso si decidiéramos pactar con el gobierno y aceptar un estado de excepción para arrebatarle al crimen las plazas y los territorios que pertenecen a la ciudadanía, al final terminaríamos preguntándonos: “muy bien, ganamos la guerra ¿y ahora qué sigue?” No queda claro qué espacio ocuparíamos los ciudadanos una vez que se lograra el fin perseguido. No queda claro cuál sería la estrategia más allá de recuperar el monopolio de la violencia. No queda claro pues, si este tipo de seguridad coadyuvaría a generar las condiciones necesarias para el desarrollo social.
Es indispensable en este sentido plantearse estrategias de seguridad donde los fines de la vida humana no se vean reducidos a la mera supervivencia. Como bien jurídico, la seguridad supone no sólo un Estado capaz de combatir al crimen, sino una sociedad capaz de apropiarse de sus derechos y de generar las condiciones para que cada vez sean más quienes participen de los bienes de la república.
[1] Maurizio Fioravanti en su obra Constitución y Paolo Grossi en su obra Europa y el Derecho, exponen de forma muy precisa este tema.
