(03 de abril, 2014).- De acuerdo con las organizaciones Artículo 19 y Fundar en conjunto con el Centro de Análisis e Investigación, en 2012, 26 entidades federativas ejercieron 5 mil 377 millones de pesos en publicidad oficial, del cual se desconoce el destino del 53 por ciento.
Durante la presentación de la tercera edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad, si bien el balance señala que los estados sistemáticamente han registrado una opacidad en la transparencia sobre la repartición de recursos publicitarios, existen entidades como Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí que mejoraron contrario al estado de México, Colima y Michoacán que registraron retrocesos.
Las organizaciones señalaron que es la opacidad en la repartición de la publicidad la que “debilita el pluralismo informativo y favorece la sospecha de favoritismo político”.
En el caso de quince estados, entre ellos Coahuila, Guerrero, Puebla y Tamaulipas, los resultados han sido los mimos durante las tres evaluaciones, “cero estrellas”.
De acuerdo al diagnóstico de las organizaciones, 26 entidades gastaron 5 mil 377 millones de pesos en publicidad oficial en 2012, equivalente a 20 veces el presupuesto de 2012 al sector salud para combatir la mortandad materna, que fue de 255.34 millones de pesos, o dos veces el presupuesto que los tres órdenes de gobierno invirtieron en 2012 en infraestructura para educación media superior a nivel nacional -2 mil 54 millones de pesos.
“Sin embargo, de este monto millonario gastado por 26 entidades es imposible conocer el destino del 53% (que representa 2,833 millones de pesos). Solamente 19 entidades entregaron información sobre el detalle del gasto y en muchos de estos casos el monto es inconsistente con aquel que se reportó como total ejercido” señalaron.
Para Fundar y Artículo 19, la ausencia de un escrutinio público alienta un uso equivocado de estos recursos en lugar de fomentar una verdadera rendición de cuentas.
“El uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial sigue profundamente arraigado en las prácticas gubernamentales. Se distribuye principalmente conforme a criterios políticos e intereses privados y se convierte en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios; una práctica definida como censura sutil o indirecta”, sentenciaron.
En el marco de la Reforma Electoral los legisladores tienen como límite el día 30 de abril para cumplir con la regulación electoral establecida en el párrafo 8 del artículo 134 constitucional sobre el uso de la propaganda gubernamental.
