(17 de abril, 2014).- A raíz de los recientes ataques a policías en El Salvador, la Fiscalía General anunció que aplicará la Ley Especial contra Actos de Terrorismo a quienes resulten culpables, sin embargo, la imprecisa definición de terrorismo abre la puerta a una criminalización de cualquier tipo de protesta social, tal como sucede en México, y a una cacería indiscriminada contra pandillas, tal como refiere el sitio especializado InSight Crime.
Luis Martínez, Fiscal General salvadoreño, dio a conocer tal medida, luego de que se registraran nuevos ataques contra elementos de seguridad, donde se produjo el asesinato de un policía, que en suma ya son tres en 2014, y 55 en el total de agresiones a policías, según cifras oficiales.
En la Asamblea Legislativa del país centroamericano, las palabras del fiscal recibieron total respaldo de parte de la Comisión de Seguridad, luego de que éste último advirtiera vía Twitter a los “terroristas” que “serán perseguidos y procesados por sus ataques cobardes contra la sociedad y contra valientes policías”
Los legisladores arguyeron que a pesar de que la Ley no se elaboró precisamente para combatir a pandillas, la reciente alza en los crímenes justificaba plenamente su uso.
Tal como lo menciona en su análisis InSight Crime, la definición de terrorismo en el estatuto se queda corta, pues únicamente afirma que dicha práctica debe exponer “la intención de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la integridad física o mental de las personas”.
Al igual que algunas dependencias de seguridad internacionales, como el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que estigmatizó la figura de los árabes, la ley antiterrorista de El Salvador moldea dicha práctica a las necesidades del gobierno en cuestión, respecto a quienes considere sus enemigos, sin importar que sean activistas o pandilleros. En este caso, se consideran como delitos terroristas ataques contra funcionarios públicos o autoridades, que como ya se mencionó, da pauta a la caza de los grupos criminales como la Mara Salvatrucha (MS13), o el Barrio 18.
En este sentido, desdibujar la línea entre las pandillas y los grupos terroristas, además de peligroso por el latente abuso de poder de parte de las fuerzas armadas, resulta inadecuado, pues como lo ha señalado el sitio especializado, a pesar de que los vínculos entre ambas partes se han fortalecido, sus acuerdos normalmente son temporales y están enfocados en los negocios de mutua ganancia.
Si bien es loable el combate a las pandillas salvadoreñas por parte de su gobierno, la vaga definición aunada a una estrategia errónea podría redundar en un caso similar al de Estados Unidos que durante la administración de George Bush hijo, lanzó una guerra contra el terrorismo, cuando éste se considera una táctica extrema de insurgencia, y no un ente que pueda ser derrotado.
La palabra terrorismo cuenta con una carga simbólica negativa, que a menudo se utiliza para ejecutar fuertes políticas de represión de parte de los Estados hacia la población, la restricción de libertades civiles, y la transgresión de las leyes que procuran los derechos humanos. Al respecto, mientras especialistas consideran que las organizaciones criminales deben ser tildadas de terroristas por sus tácticas sin importar sus motivos, países como Brasil diferencian legalmente el terrorismo como acción en lugar de causa.
En México, el fenómeno se tornó similar, pues debido a los hechos violentos ocurridos en las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012 (#1dmx) y el 2 de octubre pasado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) votó a favor de la “Reforma Antiterrorista”, misma que pone en riesgo la protesta social, pues a pesar de despenalizar las acciones de quienes protestan pacíficamente, no distingue de quienes poseen el libre derecho a manifestarse y quienes utilizan táctica terroristas.
A decir de Carlos Fazio, periodista especializado en temas de terrorismo, éste no es únicamente la violencia como tal, ya que necesita una tercera parte además de agresor y el agredido en quien infundir temor, y puede ser ejecutado por “unidades irregulares secretas o grupos independientes de un Estado”, los que en los casos de México y el Salvador, podría incidir en la expansión del temor dentro de la sociedad misma: el llamado “Terror de Estado”.
