Este Día del Niño, millones de infantes mexicanos se quedarán sin un obsequio debido a las condiciones económicas de su familia. Muchos de ellos, además de pobreza sufren maltrato físico o psicológico, pero hay algunos que se encuentran en una situación aún más preocupante: los 75 mil niños y adolescentes que trabajan para los grupos del crimen organizado en nuestro país. Estos menores de edad son enganchados por los grupos delictivos de manera forzosa o mediante engaños, su esperanza de vida es muy corta y se calcula que cada año casi 9 mil se suman a las bandas criminales. El problema es conocido desde el sexenio pasado, la respuesta de las autoridades sigue siendo el silencio.
(30 de abril, 2014).- Como cada 30 de abril, la celebración del Día del Niño en México se ve ensombrecida por la situación de la infancia. Este año se dieron a conocer los resultados del reporte “Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México 2010-2012”, según el cual 21.2 millones de niños y adolescentes mexicanos viven en pobreza, 4.7 millones de ellos en pobreza extrema.
Esto significa que la pobreza afecta a más de la mitad de los 40 millones de niños y adolescentes que viven en México, de acuerdo con este informe elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef, por sus siglas en inglés). 53.8 por ciento de la población que tiene entre 0 y 17 años padece situación de pobreza, comparado con 45.5 por ciento de la población en general: ser niño en México es una lucha por sobrevivir.
Pobreza significa marginación y carencia de oportunidades. Un reflejo de esta situación es la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan. En 2011 se calculaba que 1 millón 561 mil 641 niños entre los 5 y los 17 años no se encontraban cursando estudios, pese a que la educación es obligatoria en los grados comprendidos en esas edades. Ese mismo año, 7 millones 796 mil 630 jóvenes de entre 12 y 29 años no estudiaban ni trabajaban, y el panorama no ha mejorado pues para 2013 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculaba en 7 millones 337 mil 520 millones la cifra de jóvenes “ninis” con entre 15 y 29 años de edad.
Los avances en la escolarización habían hecho que en nuestro país cada vez más niños concluyeran su educación primaria, centrándose la deserción escolar en los niveles medio y medio superior. Pero esa situación se está revirtiendo y cada vez más niños en edad de recibir su educación básica –entre 6 y 12 años– abandonan sus estudios. Según organizaciones civiles, existe una relación entre este retroceso en la escolarización y el reclutamiento de personas cada vez más jóvenes por parte del crimen organizado: en menos de una década, la edad de “reclutamiento” pasó de ubicarse entre los 20 y los 35 años a iniciar entre los 12 y los 15, con niños de hasta 8 años sumados a los grupos delictivos de manera forzosa o voluntaria –o “semivoluntaria”, como sucede con quienes comienzan a participar en actividades delictivas como resultado de su adicción a alguna sustancia, viéndose empujados a delinquir si no tienen dinero para comprarla.
Pese a que se encuentra documentado el reclutamiento forzoso mediante secuestro o amenazas, es una realidad innegable que en nuestro país muchos menores de edad entran en el crimen organizado por su propia voluntad. La situación de pobreza y carencia de oportunidades explican una parte de este fenómeno, pero también entran en juego factores como la violencia que los niños y adolescentes padecen en sus hogares, donde se presentan niveles crecientes de maltrato infantil, abuso sexual, omisión de cuidados y violencia emocional.
Violentados en sus familias, enfrentados a la carencia de oportunidades educativas y perspectivas de futuro, hostigados por un ambiente social que los considera potenciales criminales, los niños y jóvenes se vuelven presas fáciles para el crimen organizado, que puede forzarlos a trabajar en actividades delictivas sin que haya una respuesta contundente del Estado; o bien seducirlos con la oferta de una fuente de ingresos que no encuentran en otro lugar, proveyéndoles además de una necesidad emocional básica: el sentido de pertenencia. Por último, hay un factor cultural importante que empuja a los menores a las actividades delictivas: en una sociedad donde el éxito se mide únicamente en términos económicos, los jefes del crimen organizado se convierten en ejemplos a seguir, sobre todo en aquellas regiones o sectores sociales donde no existen otras salidas a la pobreza.
La realidad de los niños y adolescentes que toman parte activa en las acciones del crimen organizado se ha vuelto del conocimiento público a través de notas de prensa que consignan algunos casos de alto impacto, pero no se limita a unos cuantos casos aislados. La Red por los Derechos de la Infancia (Redim), junto con otras organizaciones, realizó un monitoreo a través del Programa Infancia en Movimiento mediante el cual llegó a la estimación de que entre 2006 y 2010 el crimen organizado estuvo reclutando niños y adolescentes a un ritmo de 8 mil 700 cada año. No hay ningún indicio de que esa tasa haya disminuido desde entonces.
De acuerdo con la asociación civil de derechos humanos Cauce Ciudadano, 75 mil menores de edad trabajan actualmente en los grupos de delincuencia organizada, la mayoría de ellos en el Cártel de Sinaloa. Dicha organización criminal tendría entre sus filas a 24 mil niños y adolescentes, mientras Los Zetas –considerado el grupo criminal más violento en México– dispone de 17 mil, La Familia Michoacana llegó a tener bajo su poder a 7 mil 500 y los demás trabajan para otros cárteles. Ni el gobierno actual ni el anterior han ofrecido cifras oficiales sobre este fenómeno.
Hasta hace poco tiempo se creía que el narcotráfico se nutría sobre todo de jóvenes que entraban voluntariamente a pandillas. Ahora están siendo secuestrados masivamente. Hombres armados entran en camionetas a barrios marginados y se levantan de 12 a 15 chavos. Sólo el Grupo de los Beltrán Leyva calcula su ejército en 5 mil 500 jóvenes y los Zetas en 17 mil jóvenes. Y hablan de ejército, de milicias, de soldados; no les dicen mis chavos. – Carlos Alberto Cruz Santiago
Según declaraciones del director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, Víctor Clark, los menores que trabajan para los cárteles tienen un promedio de vida de apenas tres años. Así, de diciembre de 2006 a octubre de 2010, entre 1,060 y 1,200 menores murieron como resultado de la violencia del crimen organizado, ya fuera en las luchas de un grupo contra otro, en las de algún grupo contra el gobierno o al verse envueltos en el fuego cruzado. Al no existir cifras oficiales al respecto, el número podría ser mucho mayor, sin contar a aquéllos que fueron reclutados siendo menores de edad pero al momento de su muerte ya tenían 18 años. Además de los muertos, entre los niños hay otras víctimas directas del crimen organizado: los huérfanos y los detenidos. Tan sólo entre 2006 y 2010, 3 mil 664 menores fueron detenidos en operativos federales, mientras entre 30 mil y 50 mil quedaron huérfanos.
Una prueba de la desatención del Estado al problema de los niños empleados en hasta 22 tipos de delitos que realiza el crimen organizado –entre los que se cuentan contrabando, piratería, extorsiones, secuestros, trata de personas, tráfico de personas, explotación, corrupción y lavado de dinero–, es el hecho de que en México no se encuentra tipificado como delito el reclutamiento de menores de edad en los grupos criminales.
La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reformada por última vez el 2 de abril de este año, ni siquiera menciona este problema. En este sentido, dicha ley únicamente reconoce a los menores de edad su derecho a ser protegidos cuando se vean afectados por “conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados”, siendo que de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional –de la cual México es signatario– lo que ocurre actualmente en nuestro país no es un conflicto armado sino un problema de delincuencia organizada.
No se están viendo los peligros que afectan a los adolescentes y jóvenes, sino que en la mayoría de los casos se les ve como peligrosos. Los jóvenes no son peligrosos, están en peligro. – Carlos Alberto Cruz Santiago
Pero si el Estado no los protege, sí los persigue. En vez de atender los problemas sociales que llevan a los jóvenes a desertar de sus estudios, las autoridades ponen cercos policiales en las escuelas, revisando mochilas y haciendo de cada joven un sospechoso. El gobierno concibe la delincuencia organizada como un problema de seguridad, al que debe combatirse con medidas policíacas. Como ha señalado el director de la organización civil Cauce Ciudadano, Carlos Alberto Cruz Santiago, “la mayoría de los programas tienen que ver con la prevención del delito y no con el desarrollo y la participación de los adolescentes en las comunidades. Lo que observamos es un discurso de la legalidad por encima del discurso de la justicia. El de la seguridad, sobre el de la convivencia. Les preocupa cómo hacer que los adolescentes no se conviertan en criminales. La pregunta es cómo le vamos a hacer para que se conviertan en lo que ellos desean, en cumplir esos sueños que tienen todos los días”.
Las políticas públicas de corte represivo que enfocan la delincuencia organizada como un problema de seguridad pública en lugar de atender las problemáticas sociales subyacentes no sólo ignoran los derechos de los niños y adolescentes, sino que carecen de efectividad y llegan a volverse contraproducentes. Pese a las detenciones de menores de edad, el aumento de las penas por delitos relacionados con el crimen organizado y la disminución de la edad mínima de responsabilidad penal, no se ha logrado una mejoría en las condiciones de seguridad ni en evitar que los menores de edad se vean involucrados en actividades ilícitas. Como sostiene la Redim, “no es posible enfrentar el problema del involucramiento de niños y niñas [en el crimen organizado] sin atender a la diversidad de factores que se encuentran detrás de ello. Las medidas represivas tienen que insertarse en un contexto en el cual sean partes de una política integral, de múltiples etapas y regidas por el respeto de los derechos fundamentales de niños y niñas”.
Los 17 meses transcurridos desde el inicio de la actual administración federal han sido de intensa actividad legislativa para la aprobación de reformas constitucionales. Hasta ahora, esos esfuerzos no se han orientado a la protección de la infancia y la adolescencia en México.
Nota: para la redacción de este artículo fueron consultadas múltiples notas periodísticas que recogen cifras y relatos sobre la situación de la infancia en México, pero es indispensable agradecer la información contenida en los documentos “Cruce de fuego: niños, niñas y adolescentes en el narcotráfico mexicano” del Dr. Norberto Emmerich e “Infancia y Conflicto Armado En México. Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados”, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México.
