El pasado lunes 7, Revolución TresPuntoCero publicó una nota dando a conocer algunos de los datos contenidos en el documento “Descifrando la caja negra del gasto”, un estudio de la organización México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C. en el que se analizan el diseño, el ejercicio y la rendición de cuentas del presupuesto ejercido por el Gobierno Federal entre 2005 y 2013. El presente texto da seguimiento a la divulgación de este importante análisis.
(9 de mayo, 2014).- Entre 2005 y 2013, el Gobierno Federal contó con un presupuesto anual promedio de 3.31 billones –millones de millones– de pesos, de los cuales cada año gastó, también en promedio, 1.5 billones de manera diferente a lo autorizado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Existen grandes lagunas normativas que impiden fiscalizar esas adecuaciones al presupuesto realizadas por el Gobierno Federal y por las entidades paraestatales.
Pese a que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece los criterios bajo los cuales pueden realizarse adecuaciones al presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, en los hechos los ejecutores del gasto disponen del gasto público sin responder a una planeación institucional y sin rendir cuentas por sus decisiones. Es muy difícil controlar la manera en que se ejerce el gasto público, pues el organismo encargado de auditarlo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no tiene facultades para intervenir durante el ejercicio del presupuesto y únicamente puede señalar las anomalías una vez que ha concluido el año fiscal.
Además, en México el funcionario encargado del diseño y la administración del presupuesto es nombrado por el titular de Ejecutivo, así que las decisiones sobre el gasto no responden a mecanismos institucionales sino políticos. De acuerdo con la “Encuesta de la OCDE sobre Prácticas y Procedimientos Presupuestarios” publicada en 2008, de 35 países estudiados, el 66.7 por ciento de ellos tenían en ese cargo a un funcionario de carrera que no puede ser removido por el Ejecutivo cuando entra un nuevo gobierno. El mismo documento indica que en más de la mitad de esos países requiere la autorización del Legislativo para aumentar el gasto originalmente aprobado –recuérdese que este gasto es diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y promulgado por el Ejecutivo, así que debería responder a las necesidades reales del ejercicio de gobierno.
En México no existe nada de esto. Las dependencias del Gobierno Federal y las entidades paraestatales no tienen ninguna limitación para modificar su presupuesto. En algunos casos, deben pedir la autorización de la SHCP, pero no de los legisladores. Además, Hacienda actúa como juez y parte al ser la encargada de diseñar y autorizar su presupuesto sin rendir cuentas a nadie. En el caso de que un una dependencia o entidad realice modificaciones de más del 5 por ciento del presupuesto asignado a un Ramo o a la dependencia en su conjunto, Hacienda debe reportarlo en sus informes trimestrales, pero la LFPRH no exige que se justifique la modificación ni especifica qué información debe contener el reporte.
La misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla que las adecuaciones al gasto pueden realizarse “cuando se detecta que el ejercicio del gasto aprobado puede afectar al balance público” o cuando “cuando las adecuaciones permiten un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades paraestatales”. Sin embargo, esto sólo existe en el papel, pues en los hechos no hay manera de saber si las modificaciones al presupuesto beneficia al cumplimiento de los objetivos, pues el 27 por ciento del gasto programable (822 mil millones de pesos en 2013) estaba exento de definir sus objetivos. No hay manera de evaluar cómo se usó casi un tercio del dinero público.
El día de ayer, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, entregó a la Cámara de Diputados el Informe de la Gestión de la Cuenta Pública 2013, en el cual se reporta que en un solo año de Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo la deuda pública de México se incrementó en 2 billones 372 mil millones de pesos, con lo cual alcanza ya 8 billones 633 mil millones, casi la mitad del producto interno bruto (PIB). “Descifrando la caja negra del gasto” se elaboró antes de que se diera a conocer la cuenta pública, pero permitía prever este preocupante incremento en la deuda: el gobierno de Peña Nieto amplió el presupuesto aprobado en más de 83.5 por ciento, o sea que gastó casi el doble de lo que se planeó.
La Cuenta Pública es el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales rinden […] a la Cámara de Diputados, sobre su gestión financiera. La Cuenta Pública tiene como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales […] se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y conforme a los criterios y con base en los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. (Tomado del portal del Sistema de Información Legislativa).
¿Por qué se dio esta ampliación descomunal del gasto, la mayor en los 9 años analizados por México Evalúa? Una parte se explica porque el presupuesto de la Secretaría de Energía se amplió en un 4 mil 305 por ciento, pasando de 2 mil 255 millones de pesos que se aprobaron a los 99 mil 324 millones que se ejercieron. Esta información se encuentra en el IV informe trimestral de 2013, pero en éste no se especifica si esa ampliación incluye los 55 mil 335 millones de pesos adicionales que recibió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los 10 mil 829 millones de ampliación presupuestal destinados a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mismo año en que se aprobó la Reforma Energética.
En próximas entregas seguiremos dando a conocer los resultados de este importante documento.
