No existen señales de cambios ni en la práctica, ni en el marco normativo a pesar de los compromisos presidenciales y legislativos
En 2013, el presidente Enrique Peña Nieto reportó un gasto de $4,195 millones, monto 7.8 por ciento superior a los $3,890.4 millones recaudados en 2013 por el impuesto sobre los depósitos en efectivo
Una transparencia deficiente, montos millonarios ejercidos y un alto grado de propagandismo del presidente, advierte el mismo patrón de uso indiscriminado que en los sexenios anteriores.
No se avanzará hacia un modelo de comunicación política más democrático y garante de la equidad en la contienda electoral si no se considera limitar y regular el uso de la publicidad oficial
Por Fundar México y ARTICLE 19
(15 de mayo, 2014).-Los legisladores fallaron a las promesas presidenciales y a sus obligaciones legislativas: dejaron la regulación del uso de la publicidad oficial fuera de las leyes reglamentarias de la reforma electoral, que fue aprobada la noche de este miércoles.
En julio del 2012, Enrique Peña Nieto prometió regular la publicidad oficial. Asimismo, según el tercero transitorio de la reforma constitucional en materia electoral, el Congreso tenía hasta el 30 de abril para emitir la legislación y no lo hizo. No existen señales serias de cambios, ni en el marco normativo del uso de la publicidad oficial ni en las prácticas.
El análisis Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013 realizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y ARTICLE 19, a través de los datos publicados en el Sistema de Comunicación Social (COMSOC), advierte el mismo patrón de gasto en publicidad oficial que en administraciones anteriores: una transparencia frágil, montos millonarios ejercidos sin reglas claramente definidas y contenidos propagandísticos que más que informar buscan persuadir a los ciudadanos sobre los alcances de las grandes reformas que implementa el gobierno.
En el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la administración pública centralizada y paraestatal se gastó $4,195 millones de pesos (mdp) en publicidad oficial. El monto total es 7.8 por ciento superior a los $3,890.4 millones recaudados en 2013 por el impuesto sobre los depósitos en efectivo y equivale al 74 por ciento del monto que se planea recaudar en 2014 a través del impuesto sobre los alimentos no básicos con alta densidad calórica ($5,600 millones). Éste, si bien representa una disminución del 20 por ciento respecto al primer año de gobierno del presidente Felipe Calderón (2006), dicha disminución no refleja un cambio estructural. Los gastos ejercidos por Enrique Peña Nieto han disminuido en el contexto particular de un primer año de gobierno aunado a una importante desaceleración de la economía.
En 2013, el ramo que más gasta por este concepto es Turismo con $1511.1 mdp, seguido por Hacienda con $846.52 mdp y Energía con $479.4 mdp. El gasto ejercido por estos últimos puede explicarse con las reformas estructurales del año pasado que estuvieron acompañadas de una importante propaganda oficial como la reforma educativa y la energética.
Por su parte, el análisis subraya la importancia de la Televisión en la distribución del gasto pues concentra 33 por ciento (equivalente a $1,392 mdp), seguido por la prensa escrita a la que se asigna el 18 por ciento ($736 mdp) y la Radio: 14 por ciento ($584 mdp). La inversión en Internet sigue siendo marginal: sólo el 5% se destina a este tipo de medio. Se destaca que el gobierno reparte la publicidad oficial bajo criterios diferentes a los que rigen el mercado publicitario en su conjunto, en donde el reparto se da de la siguiente manera: 61 por ciento en Televisión (televisión de paga y televisión abierta), 10 por ciento en prensa escrita y 9 por ciento en Radio. Es preocupante no conocer con detalle y claridad los criterios de distribución de la publicidad oficial.
Las deficiencias en el uso y la asignación de la publicidad oficial fomentan la opacidad, la corrupción y la censura sutil. Se trata de problemas estructurales que sólo se pueden resolver al mejorar el marco normativo, la rendición de cuentas y al garantizar la implementación efectiva de estos cambios. Se necesita una ley general que impulse la transparencia, el uso racional de los recursos públicos y el combate a la corrupción.
