(19 de mayo, 2014).- “La verdadera reforma al campo mexicano sólo podrá realizarse con el desmantelamiento del enorme poder que tienen los oligopolios sobre el mercado agroalimentario y la captura que sistemáticamente ejercen sobre los funcionarios del gobierno federal. Lo que se requiere, no es sólo cambiar reglas de operación de programas asistenciales, sino acabar y romper ese acuerdo que han construido unos pocos para apoderarse de un mercado que tiene un valor superior a un billón de pesos anuales”, señaló la organización campesina El Barzón.
Para una Reforma del Campo, la organización hizo tres demandas al Gobierno Federal.
Acabar con la desigualdad social y productiva existente en el campo, reconstrucción de la presencia del Estado mexicano en el mercado agroalimentario y regular el mercado de los insumos para la producción dado que los actuales costos de producción resultan insostenibles, fueron las exigencias de El Barzón.
Indicaron que es con base en la complicidad entre el Gobierno Federal y los monopolios agroalimentarios, lo que ha generado una plataforma para golpear el ingreso de los productores y mantener el abuso a los consumidores, además de imponer precios desproporcionados a las semillas y fertilizantes apoderándose de la riqueza producida con la actividad de cinco millones de unidades económicas y del consumo de 119 millones de mexicanos.
“En este contubernio descansa una pobreza extrema de la mayoría de la población rural y la ruina de la clase media agrícola, así como la dependencia alimentaria del país”, explicaron.
Del mismo modo, responsabilizaron a estos monopolios y a la ausencia de medidas gubernamentales, del problema de obesidad y desnutrición que afecta mayoritariamente a la niñez en México.
“La Comisión Federal de Competencia Económica no puede seguir siendo omisa frente a un mercado sin competencia y donde se presentan las más groseras violaciones a la legislación ya las normas antimonopólicas. Es urgente la evaluación oficial sobre los altos niveles de concentración y de control sobre el profundo daño que están provocando en el bienestar de los productores y consumidores”.
Uriel Vargas, miembro de la organización campesina, hizo un llamado a acabar con la impunidad, que a su decir, permite el acaparamiento, la especulación y los sobreprecios en los alimentos.
“Ya es insostenible una estructura donde participan 5 millones 325 mil unidades económicas, pero sólo 460 empresas generan el 74.5 por ciento de las ventas agropecuarias, 1 millón 200 mil no tienen vinculación con el mercado y el resto sólo tiene ingresos promedio entre 17 mil y 150 mil pesos al año” declaró Vargas.
Dicha estructura, insistió, proyecta una “concentración irracional de la riqueza, el predominio absoluto de privilegios fiscales y de apoyos gubernamentales y el abandono y el desprecio del gobierno para intervenir y detonar equilibrios sociales y productivos a partir de promover a los pequeños y medianos agricultores”.
Añadió que lo más urgente es la entrada de un competidor en las fases de acopio, comercialización y en un segmento de las ventas al menudeo.
“Lo que necesitamos es la creación de una nueva empresa pública que participe activamente en el acopio y comercialización de hasta el 30 por ciento de las cosechas de maíz, de frijol, trigo, arroz, café y leche. Con el nuevo competidor se podrá regular la oferta y también los precios, se establecerá un nuevo sistema de almacenamiento, se fortalecerán mercados regionales y se garantizará el funcionamiento de un sistema nacional de compras públicas para satisfacer los requerimientos de productos alimentarios de las instituciones gubernamentales”.
La organización instó a restablecer el subsidio y congelar el precio del diésel así como a repensar el margen de intermediación impuesto a los productores mexicanos de 200 dólares en la tonelada de fertilizante.
“El control que tiene Monsanto, Pioneer o Syngenta en el 95 por ciento de la producción y venta de semillas ha provocado la imposibilidad para que el productor de maíz pueda pagar los 100 pesos por cada kilogramo o que los productores de sorgo y frijol inviertan 42 o 18 pesos por kilogramo de semilla respectivamente”, declararon.
Para El Barzón, es fundamental que el gobierno reconstruya empresas públicas de producción de semillas y fertilizantes o comience un programa ambicioso de compras consolidadas que permita la adquisición de insumos por parte de los productores a precios competitivos.
“Lo que estamos demandando es el inicio de una verdadera negociación entre el gobierno y las organizaciones y los movimientos de productores para llegar a una reforma verdadera. De nada van a servir la realización de los foros de consulta si el gobierno se resiste a entablar un debate público y una negociación verdadera. Lo más urgente es que el gobierno responda a las tres exigencias que hemos planteado para ver si en realidad tiene la voluntad de cambiar y de reformar un mercado agroalimentario injusto e improductivo”, concluyeron.
