(19 de mayo, 2014).- El Congreso poblano aprobó este lunes la iniciativa de ley, cortesía de Rafael Moreno Valle, la cual permitirá a los elementos de seguridad usar armas de fuego para “dispersar” manifestaciones. El proyecto pretende regular el uso de la fuerza pública en el estado, clasificando las manifestaciones en: Lícitas, Ilícitas no Violentas y violentas.
Más allá del debate sobre la pertinencia de esta clasificación, el problema (como es costumbre) radica en la falta de detalle para precisar las características que definen a cada una de ellas. ¿Quién guiará a los policías? ¿Su propio criterio? Sí. Son ellos quienes deberán “adoptar las medidas necesarias para evitar que el accionamiento de las armas de fuego ponga en riesgo a personas distintas al agresor”.
El punto de toque está en el artículo 44 de la iniciativa que se aprobó en comisiones el pasado miércoles. De acuerdo con información de La Jornada de Oriente, “aunque en las primeras líneas de dicho numeral se señala que queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones, se indica en la oración siguiente que se contemplará su uso para repeler agresiones, para preservar la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, de los elementos policiales o de terceros”.
Entre otras imprecisiones, la opacidad con la que se ha manejado, ”tiene como objetivo suprimir el derecho humano a la protesta, ya que permitiría al Estado reprimir cualquier manifestación por el simple hecho de ser considerada un factor de riesgo, alertó Israel Sampedro, representante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH)“.
Según Sampedro, el artículo 2 de la iniciativa considera agresor a aquella “persona que representa un riesgo por su conducta en los bienes jurídicamente protegidos de otros individuos, los agentes policiales, la colectividad y del propio Estado”.
Después de que diversas organizaciones de derechos humanos condenaran a Rafael Moreno por haber detenido a líderes sociales que están en contra el gasoducto Morelos y el Libramiento Poniente, el gobernador envió al Congreso esta iniciativa que lleva como nombre “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del estado”.
Bajo la promesa de “limitar la fuerza pública y garantizar el respeto a los derechos humanos”, en realidad se está construyendo un “instrumento de contención” para “criminalizar el descontento popular, suprimiendo técnicamente el derecho humano a la protesta”, subrayó Sampedro.
De las diversas manifestaciones que se han dado por la aprobación de esta ley resalta la postura de los defensores de derechos humanos, los cuales han mostrado su indignación por lo que se aprobó, destacando que es el estado quien debe de proteger la libertad de expresión y no castigarla.
“Ante este hecho, las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), externamos nuestra preocupación y condenamos la aprobación de las leyes que avalan el uso de la fuerza pública en manifestaciones y criminalizan el derecho a la protesta social en el estado de Puebla. Hemos expresado que la protesta social es un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos, por tanto el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar su ejercicio, y está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas”.
Otra organización, “Nodho”, destaca que la forma en que fue redactada ley “morenonista” deja una clara aplicación de abusos policiacos y deja en indefensión a los ciudadanos que se manifiesten en el estado de posibles excesos policiacos durante los actos de protesta social.
“¿Cómo se determinará que una agresión es “real, actual o inminente” y que justifique el uso de armas letales por parte de la policía durante manifestaciones públicas? Tal vez será cuando a juicio del Gobernador o del policía en turno se agredan los intereses de la administración estatal o se ponga en riesgo “actual o inminente” algún tipo de propiedad o megaproyecto”, destacan.
Durante la discusión y aprobación de la ley, integrantes de la Asamblea Juvenil #YoSoy132 en Puebla realizaron una protesta en el Congreso local contra la ley, señalando que convocarían a la ciudadanía y organizaciones sociales a crear un frente para “tirar” la iniciativa de Rafael Moreno Valle.
“Necesitamos conformar un frente que ponga freno a la escalada de destrucción de los derechos constitucionales y humanos de nuestro estado y nuestro país, porque no puede ser que nosotros sigamos dispersos mientras ellos bien organizados se reparten el botín con las manos ensangrentadas”, señalaron los jóvenes.
Esta situación se suma a la creación del “Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social”, cuyo objetivo a nivel nacional es el de vigilar las iniciativas legislativas que traten de restringir la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones, tanto a nivel local como federal, por lo que puebla se suma a uno de los estados que exigirán aclaraciones sobre lo que se ha aprobado
A través de un comunicado señalaron que “nos resulta preocupante la manera cómo la Cámara de Diputados ha desarrollado el proceso de dictaminación de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue aprobada –el 28 de abril- por las Comisiones de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos y Derechos Humanos, a puerta cerrada, de forma apresurada y sin profundizar en la discusión”.
Pese a esto, los grupos sociales que han realizado manifestaciones como campesinos, trabajadores y maestros, así como de los grupos opositores a proyectos y medidas impulsadas por el gobierno de Puebla, han señalado que se da un retroceso en la libertad de los derechos humanos y que principalmente se quiere callar a la libertad de expresión.
