(27 de mayo, 2014).- Luego de que la senadora perredista Dolores Padierna denunciara el presunto conflicto de interés que suscita el que Pedro Joaquín Coldwell sea accionista de seis empresas que mantienen contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) siendo el actual titular de la Secretaría de Energía-institución que aceptó la acusación, la senadora procedió a denunciar al funcionario este martes a ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), a acusándolo de tráfico de influencias, no obstante, priístas cercanos a él, niegan la existencia de conflicto de interés alguno.
En la demanda presentada, en lo que la analista política Denise Dresser denominara como el “Coldwellgate”, la bancada perredista señaló que el funcionario es el “abierto y principal promotor de las reformas constitucionales promulgadas que proponen la extinción de Petróleos Mexicanos como empresa paraestatal y la inclusión de participación del capital privado nacional y extranjero en la actividad que antes estaba reservada en exclusiva a Pemex”.
Si bien la Secretaría de Energía admitió que las empresas de las cuales Joaquín Coldwell y familiares cercanos, como su padre, hijos y sobrino son accionistas, el senador priísta Emilio Gamboa Patrón declaró no ver conflicto de intereses, incluso señaló: “creo que el secretario es un hombre que conocemos de mucho tiempo, cumple puntual y cabalmente no viola ninguna ley al respecto”.
Sin embargo, la bancada perredista, encabezada por Miguel Barbosa y Dolores Padierna, declararon este martes que el titular de la Secretaría de Energía viola la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos e incluso, podría ser sujeto de acción penal.
Para los miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la familia de Coldwell ejerce “prácticamente el monopolio de ese servicio en la Isla de Cozumel, Quintana Roo, que por su lejanía al territorio peninsular mantiene el dominio sobre el consumo regional, y la capacidad para el control de precios a partir de la posibilidad de proveedores nacionales o extranjeros distintos a Pemex”.
Sin embargo, a la defensa priísta del titular de la Secretaría de Energía, se sumó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.
“Creo que le corresponde al secretario de Energía dar las explicaciones correspondientes, pero definitivamente el que su familia y él sean dueños de tres o cuatro gasolineras, no sé la cifra precisa, en el municipio de Cozumel, difícilmente generará una distorsión real de lo relevante en las decisiones que se tomen en materia de política energética”, se limitó a decir Videgaray.
Por su parte, el abogado Jesús González Schmal, quien acompañó a la bancada perredista a presentar la denuncia, destacó que la Secretaría de la Función Pública tiene la facultad no sólo de sancionar al titular de la Sener con la inhabilitación en su cargo, sino de “encontrar algún elemento para determinar un delito de ejercicio y abuso de autoridad en el cargo, por lo que puede dar cuenta de ello al Ministerio Público, a fin de que sea procesado judicialmente”.
Y es que indicaron que Joaquín Coldwell y su familia, como accionistas de expendios de gasolina de Pemex, “guardan como franquicitarios de expendios de gasolina de Pemex, para convertirse en el futuro en estaciones de servicio para la venta de cualquier gasolina, independientemente de su origen”.
A decir del periodista Jenaro Villamil, también el director general de Pemex, Emilio Loyoza, “es observado por los recientes contratos que Pemex Refinación le adjudicó a la empresa Ecolaire España, filial de OHL, para la construcción de una planta de hidrógeno y la terminación de gasoducto en la refinería de Cadereyta, Nuevo León”.
De acuerdo con la investigación del periodista, Lozoya participó hasta septiembre de 2012 como integrantes del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría de la española OHL, ampliamente beneficiada con concesiones de autopistas de peaje en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, en el Estado de México y Marcelo Ebrard en el Distrito Federal.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, “todos los trabajadores de Pemex están obligados a excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma de atención, tramitación o resolución de asuntos en los que se tenga un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Hasta el momento, la bancada priísta se ha mantenido firme, no existe conflicto de interés entre las acciones que Joaquín Coldwell y su familia poseen, y su cargo público, a pesar de que con la asesoría de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el titular de Energía será el responsable del “diseño técnico de dichos contratos y los lineamientos técnicos [que] deberán observarse en el proceso de licitación; así como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas natural”.
Ante las reacciones provocadas entre distintos analistas, Denise Dresser declaró a propósito del caso que denominó “Coldwellgate” que “algo debe estar mal con la legislación mexicana, pues lo triste del conflicto de interés, es que de conflicto no tenga nada”.
