La Monarquía se aferra al “trono” e ignora referéndum que exige la ciudadanía

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(03 de junio, 2014).- Tras la abdicación el lunes 2 de junio del rey Juan Carlos I, en España se ha puesto en marcha el proceso sucesorio previsto legalmente. Desde que se conoció la noticia de que el rey renunciaba al trono tras un reinado de 39 años para dar lugar a su hijo Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, miles de ciudadanos han salido a las calles para exigir un referéndum en el que se les permita decidir si continúa el sistema monárquico o se crea la Tercera República Española.

La Casa Real, el gobierno presidido por el conservador Partido Popular (PP), y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han negado la posibilidad de que el referéndum tenga lugar. Según se reveló ayer, desde enero pasado Juan Carlos de Borbón había consultado con los líderes del PP y el PSOE –que se alternan en el poder desde 1982– para comunicarles su decisión y planear la hoja de ruta que garantizara una sucesión tersa, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1978.

La sucesión monárquica se encuentra establecida y regulada en la Constitución de 1978, aprobada el 6 de diciembre de ese año con el 87.78 por ciento de los votos emitidos, precisamente, en un referéndum. Con este argumento, el presidente Mariano Rajoy sostuvo que convocar al referéndum sería brincarse la ley y apoyó la sucesión de Felipe de Borbón: “Creo que la monarquía tiene en España un apoyo muy mayoritario y si a alguien no le gusta que plantee una reforma de la Constitución”. El creciente descontento con la monarquía, potenciado por la crisis económica que atraviesa el país desde 2008, ha levantado el clamor por la celebración de una nueva consulta en la que se decida si llegará al trono Felipe VI o será abolido el Reino de España.

En la página de internet del PSOE se puede un texto de noviembre de 2013 en el cual su corriente Izquierda Socialista declara que “el Partido Socialista debe recuperar su naturaleza de partido republicano, pues sin la premisa de la elección libre y democrática de todos y cada uno de los cargos representativos del Estado, además de contradecir nuestro ideal de igualdad, nunca podrá desarrollarse plenamente el sistema democrático, y por tanto, quedará incompleta la soberanía popular”. Sin embargo, los gobiernos emanados del PSOE y una abrumadora mayoría de sus miembros han mostrado de manera consistente su adicción a la monarquía.

Si todo sale como lo planean los diseñadores del proceso sucesorio, el 18 de junio se llevará a cabo la coronación del hoy príncipe de Asturias. Para tal fin, el presidente Mariano Rajoy enviará la ley orgánica que haga efectiva la abdicación a las Cortes –Congreso de los Diputados y Senado– , en las cuales se prevé su aprobación por mayoría absoluta, con la sola abstención del Partido Nacionalista Vasco y la oposición de Izquierda Unida. La ley será procesada como “de lectura única”, la de mayor urgencia.

La abdicación se presenta sólo una semana después de que los partidos que han dominado el escenario político español por más de tres décadas sufrieran un descalabro en las elecciones al Parlamento Europeo. En las anteriores elecciones al Parlamento Europeo, el PP y el PSOE obtuvieron 12 millones 700 mil votos, que significaron 82 por ciento del total y 44 escaños. Ahora, entre las dos formaciones apenas sumaron el 49 por ciento, perdiendo 5 millones y medio de votantes.

La gran sorpresa para el sistema político español fue la irrupción del recién creado Podemos con 7.9 por ciento de los votos, que le dieron 5 escaños en la Eurocámara y sembraron en España la idea de que llegó el fin del bipartidismo, de lo cual ya daba indicios una encuesta realizada en diciembre de 2013 cuyos resultados arrojan que en las próximas elecciones generales en España el PP y el PSOE obtendrían el porcentaje más bajo de votos desde la vuelta a la democracia.

La posibilidad de un escenario político no dominado por los partidos comprometidos con la monarquía pudo haber acelerado la decisión de Juan Carlos I, que ha sido vista como una operación de control de daños y limpieza de imagen tras los múltiples escándalos tanto personales como de corrupción en los que se ha visto envuelta la Casa Real desde hace varios años. El deterioro de la institución como resultado de los escándalos sexuales del propio rey puede verse en el hecho de que en este momento clave su esposa, la reina Sofía, se encuentra en Nueva York atendiendo compromisos de su agenda personal en la Unicef.

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