(04 de junio, 2014).- Como un mantra muchos de los sectores que se identifican como izquierda en el Distrito Federal repiten: es necesario recuperar la ciudad. El gobierno de Miguel Ángel Mancera, heredero de Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, ha echado por la borda los avances en libertades democráticas de la capital, dice esta narrativa. Todo comenzó con el funesto primero de diciembre de 2012: las policías capitalina y federal reprimieron violentamente la manifestación que sucedía en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. La sangre de Juan Francisco Kuykendall -Kuy- es un recuerdo indeleble de ese día.
Mancera, acompañado de muchos de los Jefes Delegacionales, continuó utilizando la fuerza como primer y único mecanismo de resolución de conflictos. El caso de San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón, es el ejemplo más reciente. La narrativa que clama por recuperar la ciudad dice que era, de alguna forma, previsible: el policía Mancera, antes Procurador capitalino, no entiende más que de toletes. Bajo la máscara de la izquierda progresista, se habría entregado la Ciudad de México a fuerzas conservadoras que actúan en detrimento de los intereses de quienes buscan ver una ciudad y un país más justo y más libre.
Esta narrativa es parcialmente cierta. Es verdad que la política de Mancera en seguridad pública, resolución de conflictos, movilidad y urbanización (entre otras cosas) no puede ser considerada de izquierda. Priman los intereses empresariales y de élites, la voluntad de criminalizar la protesta (como en todo el país) y la construcción de una ciudad excluyente para los ciudadanos que marchan a pie. “Decidamos Juntos” no fue más que un slogan vacío, una frase de campaña diseñada por algún tipo lejanísimo a la idea de comunidad y de democracia participativa. Es verdad, entonces, que esta administración está llevando a la capital a sitios lejanos a los que los votantes de Mancera buscamos.
Pero hay algo que esta narrativa deja fuera. Las políticas de Mancera no surgen en un vacío. Son, en muchísimos casos, continuación lógica de las que implementaron Ebrard y López Obrador. El primero construyó la Supervía Poniente, en medio de quejas y protestas vecinales y de organizaciones de la sociedad civil. Pesan sobre ese camino, privado y que privilegia a los pocos que usan auto y pueden pagarlo[1], numerosas quejas de violaciones a los Derechos Humanos. En ese caso tampoco hubo consulta que mediara. Presenciamos la toma de decisiones de un grupo en el poder que se asume autónomo y que produce una ciudad excluyente e insostenible.
El caso de López Obrador no es distinto. El Segundo Piso, éste gratuito, es también parte de una serie de políticas que benefician no sólo al que posee un automóvil, sino a la idea de que la ciudad es para los autos y no para las personas. Durante la administración de Andrés Manuel también se autorizó el Bando 2. Éste buscaba limitar la expansión residencial a las cuatro delegaciones centrales de la ciudad: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Al amparo de esta política pública, de premisas posiblemente correctas pero implementación fallida, proliferaron los edificios en zonas de la ciudad que no podían soportarlos. Los ya deficientes servicios colapsaron en numerosas colonias. Los costos del suelo y la vivienda se elevaron, desplazando a muchos habitantes al Estado de México, donde las viviendas de interés social comenzaron a ubicarse, sin orden, ante la imposibilidad de hacerlo en el Distrito Federal. Proliferó también la corrupción, que, por supuesto, no se ha limitado a esas cuatro delegaciones centrales, como el caso de Mauricio Toledo muestra.
Más allá de los casos particulares, lo importante es resaltar que la ciudad ha carecido de políticas públicas que la conviertan en una urbe incluyente y sostenible. Esto no quiere decir que las medidas como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) o la progresión de la Ley de Sociedades de Convivencia al matrimonio igualitario no sean relevantes y deseables. Quiere decir que son insuficientes. A la ampliación de las libertades sexuales y civiles de los ciudadanos deben sumarse las políticas y económicas. La criminalización de la protesta, la promoción de una movilidad excluyente y el fomento del desplazamiento de las clases bajas al encarecer el costo del suelo, en beneficio de los desarrolladores inmobiliarios y los prestadores privados de servicios, son medidas que atentan contra la idea de un derecho a la ciudad para todos.
Creo que es necesario cambiar la narrativa. No es cuestión de recuperar la ciudad, sino de recuperar lo que se ha hecho bien y de, por primera vez, apoderarnos de ella. El colapso de Mancera en las encuestas de aprobación y la cada vez menor legitimidad de su gobierno son ventanas de oportunidad para esto. Lo son también para fuerzas conservadoras que buscan -ellas sí- recuperar la ciudad, a la par que sumergen al país en una espiral de despojo y producción de desigualdades profundísimas. Construir una agenda colectiva, democrática, incluyente y horizontal es necesario. La ciudad puede seguir siendo un polo que promueve la igualdad ante un escenario nacional casi lúgubre. Aquí daré sólo algunas de mis ideas para lograrlo, puesto que la labor no resta en los hombros de alguno, sino en los de todos. Espero que puedan ser parte de una discusión entre las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos de la capital y del país y, por supuesto, de quien desee hacerlas suyas o deshacerlas con la crítica.
En primer lugar, es necesario crear instancias efectivas de gobierno metropolitano. El destino de la capital está inevitablemente ligado al del Estado de México. Las políticas que se toman en un lugar causan efectos directos en el otro: el Bando 2 es ejemplo concreto de ello. De igual forma, las políticas de movilidad del Estado de México -ante las cuales las capitalinas parecerían perfectas- influyen directamente a las condiciones de movilidad del DF. El ordenamiento del caos en el transporte público y privado de la metrópoli es responsabilidad compartida. Sin una instancia que sea capaz de articular estos temas comunes (los de seguridad pública también son de gran relevancia), más allá de las alianzas electorales que caracterizan a la política mexicana, cualquier supuesta respuesta será poco más que un parche: política cosmética.
En segundo lugar, es necesario continuar el proceso de ampliación de libertades de la ciudadanía. Éstas deben sumarse a las ya existentes, aquí mencionadas, y a muchas otras. Es necesario preservar el derecho a la protesta: medidas que buscan criminalizarla bajo el falso argumento de la regulación han de ser detenidas. Es necesario ampliar la red de seguridad social de los ciudadanos. Si bien ya hay medidas concretas como la pensión universal a adultos mayores, la Red Ángel o los apoyos a madres solteras, éstas pueden ser ampliadas con apoyos indirectos como reducción del costo del transporte público, aunado a una ampliación sustantiva de éste y con programas que impulsen la productividad no sólo urbana, sino rural. La reducción de las desigualdades económicas, políticas, culturales y de género debe ser la guía del gobierno capitalino.
En tercer lugar, y ligado completamente al punto anterior, está el de ampliar los derechos colectivos a la decisión política: ampliar la democracia. El 21 de mayo de 2014, granaderos ingresaron a San Bartolo Ameyalco. Golpearon a pobladores, arrestaron a cinco (aparentemente de forma arbitraria) y buscaron imponer una medida de política pública sin recurrir a un diálogo amplio y público. Este conflicto particular es por el derecho universal de acceso al agua y el derecho de los pueblos al manejo y disfrute de sus recursos. La solución del Gobierno del Distrito Federal (GDF), de toletes y razones absolutas, terminó por ser la causa de un conflicto mucho mayor.
La distancia entre los pobladores de Ameyalco y los vecinos que necesitan agua potable se incrementó, ya que los primeros se rehúsan por completo a cualquier obra. Los segundos piden la intervención del gobierno, pues necesitan tuberías para acceder al líquido. Esta intervención, contraria a la razón destructiva del GDF, podría ser de promoción del diálogo y de la búsqueda de acuerdos y términos de intercambio justos para las partes involucradas en el conflicto. Este sería un primer paso para construir otra idea de Estado: una que fomente los acuerdos y que empodere a los ciudadanos y colectivos en la toma de decisiones que les afectan directamente.
La futura Constitución del Distrito Federal podría consagrar derechos a la consulta; dar más poder a consejos ciudadanos y autoridades tradicionales, y dar pie al diseño de esquemas de administración de recursos, que no se limiten a lo mercantil, y se vuelvan parte del desarrollo comunitario. Al mismo tiempo, podría defender el derecho a la protesta, a la igualdad sexual, de género y entre diversas prácticas político-culturales. También podría asegurar la producción de una ciudad incluyente, a través de la ampliación del espacio público y de una movilidad sustentable para todos. Podría, finalmente, buscar formas para construir mecanismos de gobierno metropolitano. El futuro es, en todos los sentidos, compartido.
[1] 75% de los viajes en el DF se realizan en distintas modalidades de transporte público; solamente 16% en automóvil particular, según datos de Parametría de 2013
