Por Janine González
(04 de junio, 2014).- A poco más de un año de la tan emblemática cruzada contra el hambre, es casi una obligación para el ciudadano, poner en la balanza la “heroica” estrategia de EPN.
Según los cálculos del gobierno federal, son 7.4 millones de mexicanos, los habitantes de 400 municipios que se encuentran relegados y que se verían beneficiados por esta acción.
Al día de hoy, Enrique Peña Nieto, entre sus ya memorizadas cantaletas, repite la cifra de 3 millones de mexicanos recibiendo apoyo por este programa social. Pareciera que existe una realidad alterna a la de los funcionarios de este país.
Los noticieros están inundados de los beneficios que la cruzada ha traído para México, sin embargo, da la impresión de que éstos sólo existen en los discursos de los servidores públicos. Estamos ante una política sin pies ni cabeza, pues la moda desde el sexenio pasado es validar los gobiernos con estrategias que pretenden maquillar los males que aquejan el país.
La cruzada Nacional contra el Hambre, ha presentado varias irregularidades: Félix Maldonado Chamé, coordinador Regional de Centro poniente de la Cruzada, exigió la remoción de Rodolfo Molina Monterrosa de la coordinación estatal de Chiapas, señalando la utilización del programa a favor de los diputados Fernando Castellanos y Emilio Salazar, ambos del Partido Verde. También los promotores comunitarios del programa, lo acusan por manipular los recursos y la intención de ésta.
El programa social, fue inaugurado en Las Margaritas, Chiapas, entrada a la Selva Lacandona, tierras conocidas por su relación con el zapatismo. Por otra parte, el pasado 2 de mayo, José Luis López, conocido como Galeano, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue asesinado en un ataque paramilitar en la comunidad de La Realidad. Es de suma importancia resaltar el contexto de este acto.
El asedio a las comunidades zapatistas, y el asesinato de Galeano, son mensajes latentes que ofrecen una lectura en la que, como bien expresa el nombre de “Cruzada”, se intentan recuperar territorios que fueron dominados por los rebeldes.
Sumando al análisis, estos son los estados que comprende el programa: Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, Hidalgo y Coahuila, diez de ellos gobernados por el PRI.
Por último, el día de ayer, 50 líderes rarámuris iniciaron la “Caravana por la Justicia de la Sierra Tarahumara” para instalarse en la capital del país y poder exigir a los altos funcionarios su verdadera participación en los problemas que acechan sus territorios en Chihuahua, pues el hambre, la violencia exaltada y la trasgresión a sus tierras sagradas, los ha desplazado hasta este punto.
Con focos rojos como estos, cabe destacar, que los cálculos de EPN, Rosario Robles y todos los implicados, definitivamente deben estar en un error.
