(4 de junio, 2014).- La crisis económica que azota España, ha golpeado especialmente a todas aquellas personas que obtuvieron un crédito hipotecario para hacerse de una vivienda, cuando el país experimentó un superficial despunte financiero, los cuales ahora son parte de un sector vulnerable donde se encuentran niños, madres jefas de familia e inmigrantes, denunció mediante un informe la organización no gubernamental, Human Rights Watch (HRW).
Tal debacle social, comenta HRW en el informe titulado “Sueños rotos: El impacto de la crisis de vivienda en España sobre los grupos vulnerables”, no ha sido atendido de la mejor manera por las autoridades ibéricas, mientras millones de familias enfrentan la aplicación de las hipotecas que no pudieron sobrellevar.
“El sueño de tener casa propia se ha convertido en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento”, mencionó la investigadora sénior para Europa Occidental de HRW, Judith Sunderland, quien también es autora del informe.
Actualmente, gracias al sobreendeudamiento internó que experimento España aunado a las políticas de austeridad impuestas desde la Unión Europea, existen más de 5 millones de desempleados, y es justamente ese sector el más golpeado. Esta situación se agrava más si se considera que éste país es con 85 por ciento, el que tiene el índice más alto de propiedad de vivienda.
En 2012, debido a la presión pública, el gobierno español aprobó una moratoria de dos años para los desahucios, aunque este beneficio no cubría del todo al grueso de los afectados, por lo que en 2013 los criterios de beneficio se ampliaron un poco, no obstante seguía siendo limitado al grado que algunos casos entraron en conflicto con el derecho internacional.
En cuanto a los afectados, se calcula que un tercio de ellos son inmigrantes, mientras que las madres de familia por su parte, se enfrentan a lo débil de sus ingresos, salarios inestables y la responsabilidad que implica el cuidado de sus hijos. Esta crisis hipotecaria ha orillado a muchas familias a entregar sus bienes, aunque el aprieto no termina ahí pues el inmueble sólo cubre una parte del endeudamiento.
A partir de finales de los noventas, en España se vivió un auge de construcción de viviendas, incluso más alto que el de Francia y Alemania e Inglaterra, por lo que las instituciones financieras y el gobierno promovieron la adquisición de bienes, al punto que el sector constructor llegó a constituir el 43 por ciento del Producto interno Bruto (PIB), aunque nunca pensaron que dicho crecimiento años más tarde tendría un efecto boomerang que afectaría a millones.
Tal como refirió HRW, es deber de las autoridades españolas adoptar medidas que beneficien un mayor número de habitantes y así evitar que el número de desahucios se incremente, así como asegurar una vivienda accesible, devolución de la deuda y en el mejor de los casos la cancelación definitiva de la misma.
