Chiapas Paralelo / Revolución TRESPUNTOCERO
(29 de junio, 2014).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas señaló que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno federal y de su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, trajo consigo reformas legales, reforzamiento policiaco y acciones judiciales que siguen dando pie a que la tortura siga vigente en la entidad.
En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, que se celebró este jueves 26 de junio, una fecha es para recordar que no existe ninguna justificación para la práctica de la tortura, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presentó el informe: “La Tortura, mecanismo de terror”.
Jorge Hernández, vocero del Frayba, como se conoce también al organismo, dio a conocer que este Informe Especial sobre la Tortura en Chiapas, es continuidad del documento: De la Crueldad al Cinismo, presentado el año pasado. Esta actualización de los casos documentados por este Centro de Derechos Humanos, demuestra que la Tortura no es sólo cifras, sino historias de hombres, mujeres, rostros, voces, dolores de las y los sobrevivientes y de sus familias.
El contenido de La tortura, mecanismo de terror, se basa en la información entregada, el 29 de abril de 2014, a Juan E. Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en una reunión sostenida con él en la ciudad de Tapachula, durante su visita oficial a México.
Aclaró que la tortura se vive frecuentemente en México y que es un método de investigación policial, de control, de terror; producto de la violencia engendrada por el sistema político; ejercida por quienes desde el gobierno representan el poder.
“La tortura como método recurrente devela un sistema de justicia corrupto y distante a la garantía de protección y seguridad jurídica. Aunque los gobiernos federal y del estado de Chiapas, realizan y publicitan reformas legislativas, políticas públicas y ratifican su compromiso en instancias internacionales, la realidad rebasa los límites. La tortura se oculta, es tolerada, permitida y ejercida desde quienes tienen la responsabilidad de la administración de justicia, desde las estructuras de gobierno las violaciones a los derechos humanos son la norma”, agregó Hernández.
Señaló que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el gobierno federal y de su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, que llevó a la gubernatura a Manuel Velasco Coello, han dado continuidad a aspectos como la construcción de un enemigo interno, para justificar la restricción de derechos a la población.
En segundo lugar, se registró el aumento de la militarización en comunidades indígenas y zonas urbanas lo cual ha intensificado las violaciones a los derechos humanos, como un tercer aspecto se da la criminalización de quienes se organizan y defienden derechos humanos, así como de la sociedad en general.
Y cuatro, las propuestas de reformas constitucionales para legalizar prácticas violatorias de derechos humanos, también son un elemento que propician la tortura en Chiapas y el país.
En este contexto, dijo que el Frayba documentó 17 eventos en donde se realizó al menos un acto de tortura. Los municipios donde se registraron estos actos son: Tuxtla Gutiérrez (6), Tapachula (2), Chenalhó (2) y con un caso cada uno en Simojovel, Maravilla Tenejapa, Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Sabanilla y Acala.
En cuanto a las víctimas, 14 son hombres, uno de ellos menor de edad y 3 mujeres. Dos de las víctimas murieron bajo custodia policial, presumiblemente a causa de los golpes recibidos, una en el municipio de Acala y otra en Tapachula.
En el caso de las mujeres, quienes además han sufrido violencia en razón de género, la situación es muy vulnerable, ya que no confían en sus redes de apoyo (familia y/o comunidades) por el miedo a ser estigmatizadas y/o vueltas a violentar por denunciar lo sucedido.
En los actos de tortura cometidos contra mujeres, los métodos utilizados tienen una connotación sexual. La violencia sexual es una de las armas privilegiadas y elegidas por los perpetradores para degradarlas moralmente, humillarlas y aplicar un castigo diferencial de acuerdo a su género.
Entre los autores responsables de estos hechos se encuentran: militares; funcionarios de la PGJE de Chiapas, de manera específica la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) y la Fiscalía de Distrito Metropolitano; Policías Municipales; Policía Ministerial; Policía Estatal Preventiva; médicos legistas de la PGJE, autoridades comunitarias tradicionales y civiles con anuencia de agentes del Estado.
El Frayba, dijo, ha tomado nota de las omisiones en los reportes del personal médico de la PGJE, quienes se limitan a realizar una revisión médica rutinaria de lesiones físicas. Estos mismos profesionales prolongan con su ineficiencia y falta de ética el sufrimiento de las y los sobrevivientes de tortura.
Agregó que la intencionalidad de la tortura, en los eventos documentados, ha sido una forma de castigo para desalentar la denuncia y la participación en movimientos sociales críticos al gobierno. También ha funcionado como acto intimidatorio, para anular la personalidad de la víctima y para que se autoinculpe de delitos y/o inculpe a terceras personas.
“Podemos concluir que los gobiernos federal y estatal se niegan a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Su doble discurso sobre la construcción de instancias de derechos humanos, promulgación de leyes de protección en lo interno, la adopción de tratados y convenios internacionales donde se compromete a cumplir ante la comunidad mundial, son parte del velo que disfraza la realidad”, dijo Hernández.
Explicó que han documentado certeramente que en la práctica el sistema judicial mexicano, tiene una vocación de tortura, inculca el miedo y el terror ante la población.
Y que aunque se esté seguro en un cambio de sistema penal, la práctica de la tortura está enraizada en el actuar de los funcionarios y servidores de gobierno y difícilmente cambiara con medidas limitadas.
“Ante este panorama, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, impulsamos la construcción de redes de apoyo: familias, comunidades, organizaciones sociales, con las que pueden articularse las y los sobrevivientes de tortura en una acción de defensa integral”, indicó.
Al finalizar, Hernández agradeció a las y los sobrevivientes de tortura, a sus familias y comunidades por la confianza en el Frayba y su empeño en la búsqueda de la justicia. Así como a la red de médicas, médicos, psicólogas y psicólogos que acompañan la investigación, documentación y dan apoyo psicosocial a las y los sobrevivientes.
Tortura en México, la estrategia de Estado que le heredó Calderón a Peña
Desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón se estima que la práctica de la tortura en México aumentó casi 500 por ciento, aunque no existe una posibilidad de tener una cifra exacta, así lo refirió, José Antonio Ibáñez, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se celebró el pasado 26 de junio.
El martes 24 de junio el expresidente Felipe Calderón ofreció una entrevista para el canal de noticias CNN, con la periodista Christiane Amanpour, y allí, al ser cuestionado sobre sus tácticas de defensa contra el crimen organizado, respondió que se pueden tener éxitos y fracasos, pero “la estrategia para proteger a las familias… fue correcta; incluso hoy, el nuevo gobierno está tratando de implementar, más o menos, las mismas tácticas”.
Esto a pesar de que a lo largo de su sexenio se aumentó en 500 por ciento la práctica de la tortura como estrategia, al menos así lo documentaron y denunciaron 73 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Red de Derechos para Todas y para Todos, en el documento “Situación de la Tortura en México”.
Amnistía Internacional (AI) reveló que entre 2006 y finales del 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 6 mil 812 denuncias de violación de derechos humanos contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), y estas denuncias dieron lugar a 98 recomendaciones formales de la CNDH contra la Sedena, es decir, sobre el 1.6 por ciento de todas las denuncias.
La Sedena informó que se habían recibido mil 60 denuncias contra militares por delitos contra civiles tan sólo en 2010, y 449 en 2011, dando lugar a un total de 118 investigaciones; entre ellas, se encontraban 17 soldados implicados en casos de tortura, pero sólo se confirmaron ocho sentencias condenatorias de militares por delitos de derechos humanos, ninguno de tortura.
Durante el calderonato se presentaron nada más y nada menos que la exorbitante cifra de siete mil denuncias de delitos de derechos humanos contra las fuerzas armadas, de acuerdo con las investigaciones y reportes AI.
Ahora, Enrique Peña Nieto presentó el 25 de junio pasado, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, el cual pretende proteger las garantías fundamentales, combatiendo las prácticas de la tortura, las desapariciones forzadas y la trata de personas.
A pesar de que México cuenta con una Ley de Derechos Humanos desde el 2011, el trabajo en ese campo ha dado pocos resultados. Basta recordar el anuncio realizado el pasado 22 de mayo, cuando Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que el número de “personas no localizadas” había disminuido, pues entre 2010 y 2012 se tenían reportadas 13 mil como desaparecidas y ahora sólo había ocho mil.
Días después, AI informó que de acuerdo con sus registros, tan sólo en el 2012 se tenían registradas desaparecidas a 27 mil personas, una cifra bastante alejada del discurso oficial de la administración peñanietista.
