(7 de julio, 2014).- Miles de reclamos de colectivos, medios, activistas y políticos no fueron suficientes para frenar la represiva Ley Telecom, aprobada el pasado fin de semana en el Senado de la República, sin embargo, ésta guarda una gran mentira, bajo el argumento de ampliar las facultades de las agencias de seguridad pública y así concretar la vigilancia masiva mediante los medios electrónicos, tal como menciona el activista Javier Sicilia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
A través de un comunicado, Sicilia argumenta que la postura del gobierno establece que no importa si hay caminos a la paz que respeten los derechos humanos, pues la ésta es un fin necesario y por la cual se puede pagar cualquier costo, a pesar de que para ello haya que ceder su dignidad.
De tal forma que libertades como el derecho a la privacidad, incompatible con el argumento del Estado, no debería sacrificarse para obtener seguridad, ni viceversa, pues se tendría que encontrar la manera de que ambas converjan. Contrario a lo que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión realiza en los artículos 189 y 190, al bridarle un poder absoluto a las dependencias de seguridad, incluida la capacidad de intervenir las comunicaciones.
Sicilia, también critica ambos artículos por lo que refiere a que “concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, así como las empresas proveedoras de servicios de aplicaciones y contenidos”, deben atender sin reparo lo determinado por las autoridades competentes, así como “la geolocalización en tiempo real, la retención de datos de los equipos móviles y el bloqueo de servicios de telecomunicaciones”, que como el indica, representan un riesgo para la población.
Lo más preocupante, asegura el activista, es que ninguna de las figuras cuenta con un contrapeso legal, pues el poder Ejecutivo y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han opuesto a ello, actitud secundada por la supuesta oposición, para que tampoco se tenga presenta la forma en que se ejecutan ambos mecanismos.
Asimismo, también critica lo incluido en la fracción VII del artículo 190, que consiente la “suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos”, así como bloquear dichos servicios y así permitir el abuso de autoridad y arbitrariedades en marchas, a pesar de que dicha medida fue prohibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estas disposiciones son contrarias a nuestras libertades y a cualquier idea de democracia, pero además, son una afrenta directa a la dignidad de todas y todos, puesto que buscan reducirnos al mínimo como personas con derechos bajo la promesa de alcanzar justicia y seguridad”, finaliza el activista en el comunicado, quien además llamó a alzar la voz y negar tales disposiciones.
