(15 de julio del 2014).- Ricardo Jiménez Ávila y Marco Antonio Mazatle Rojas, integrantes del Movimiento por la Alternativa Social, solicitaron la intervención de la Secretaria de Gobierno Federal y la desaparición de poderes de facto en Puebla; esto luego de la sangrienta represión con balas de goma y gases lacrimógenos, que sufrieron habitantes de Chalchihuapan por parte de la policía estatal.
El miércoles 9 de julio, la policía estatal del gobierno de Rafael Moreno Valle, atacó con gases lacrimógenos y balas de goma a habitantes de esa comunidad que tenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que las oficinas del Registro Civil fueran restituidas a la comunidad. Luego de la represión, los manifestantes respondieron con piedras y palos, lo que desató una verdadera batalla campal.
“Por esta razón, exigimos la urgente intervención de la Secretaría de Gobernación federal y la desaparición de facto del Poder Ejecutivo en el Estado de Puebla, como recientemente ocurrió en Michoacán”, señalaron los activistas en conferencia de prensa.
Y es que, de acuerdo con los testimonios que recabó la organización, la afrenta dejó un saldo de una anciana desaparecida y más de cien pobladores severamente lesionados, entre ellos dos niños que se debaten entre la vida y la muerte; uno de ellos, hoy en día, se encuentra en estado de coma por las heridas sufridas.
Así mismo, agregaron, fue herido un sexagenario también podría quedar sin habla para el resto de su vida, ya que una bala de goma le causó severas lesiones en la mejilla izquierda, destrozándole los dientes, la lengua y la mandíbula.
La organización popular señaló que sólo en los últimos tres meses el gobierno de Moreno Valle ha metido a la cárcel a por lo menos 30 campesinos, mototaxistas, defensores de los derechos humanos y población en general que se ha manifestado para exigir solución a sus demandas.
A su vez, los activistas inconformes, refirieron que el gobierno de Moreno Valle ha encarcelado a seis vecinos de Cacalotepec por protestar contra las deficiencias del sistema de transporte Metrobús; además ha arreciado cargos públicos en contra seis pobladores detenidos en Tehuacán, y cuatro de Chalchihuapan por protestar por el retiro del servicio del Registro Civil de sus pueblos.
“No queremos que asesinen a otro luchador social como Antonio Esteban Cruz, del MIOCUP (Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular), ni que encarcelen a más pobladores que sólo exigen solución a sus problemas sociales y que en respuesta obtienen del gobierno la ‘fabricación’ de delitos que los inculpa hasta con 30 años de cárcel”, agregaron los integrantes de la organización popular.
Por último recordaron que, por medio de iniciativas como la conocida “ley bala”, la administración de político blanquiazul ha demostrado un creciente clima de “intolerancia” frente a la protesta social y la inconformidad creciente; hecho que se confirmaría ante el creciente acoso en contra de luchadores sociales y ambientalistas, hoy, algunos de ellos apresados bajo la acusación de delitos federales. Tal es el caso de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, opositores a la construcción del Gasoducto Morelos.
