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La inseguridad en México, principal freno al crecimiento económico

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(16 de julio, 2014).- Al menos el 20 por ciento de la población encuestada para un estudio realizado en el mes de junio por el Banco de México, considera que la inseguridad pública ha aumentado y afecta el desarrollo económico en el País.

De acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C. (CEESP) ésta afectación al desarrollo económico en México ha implicado un costo del 9.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)  provocando altos costos a los ciudadanos.

Además del riesgo de la vida, la libertad y la salud de los individuos hay un impacto negativo  en la economía, tanto en el patrimonio de las personas como la supervivencia de la micro y mediana  empresa.

Para los ciudadanos implica los impuestos necesarios para el funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad, prevención del delito y la impartición de justicia. Mismas que han resultado ser poco eficientes.

Otro factor de freno a la economía es la inhibición del consumo en la población. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de INEGI, indica que para el mes de Junio de este año, el 70.2 por ciento de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro, esto genera que sus habitantes modifiquen sus hábitos cotidianos y de manera indirecta sus formas de consumo. Por ejemplo, el 65.4 por ciento de los ciudadanos donde se realizó el estudio, han dejado de llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de débito o crédito, el 51.2 no permiten la salida de la vivienda de sus hijos menores de edad, el 47.8 deja de caminar en los alrededores de su vivienda después de las 8 de la noche y un 29.5 ha dejado de visitar parientes o amigos. En el mismo sentido el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.  (CIDAC) estimó que el 44 por ciento de ciudadanos dejaron de salir en sus autos, el 25 por ciento dejó de tomar un taxi libremente y el 21 por ciento prefirió cenar en casa.  Gran número de empresas debieron cerrar ante las extorsiones y otro tanto de la población evitó viajar en carreteras en la zonas más violentas.

Cuando la población tiene la percepción de la incidencia delictiva extremadamente alta y cambia sus hábitos diarios, esto también modificará sus formas de consumo, en consecuencia el dinero no entrará a las empresas para tener crecimiento económico y mayor inversión. Esto se refleja en la poca generación de empleos y se vuelve una cadena de baja productividad que llega hasta los niveles que estima CEESP.

Si la percepción de la inseguridad no se transforma hacia una mejora, la población seguirá limitando sus consumos afectando a las empresas. La ENSU destaca que el 70.4 por ciento de ciudadanos que consideran que la justicia es poco o nada efectiva frente a la inseguridad y al menos el 27 por ciento piensan que las condiciones de la delincuencia en su ciudad  empeorarán en los próximos 12 meses.

Por su parte las empresas, han debido incrementar sus gastos en seguridad. Desde la compra de mejores equipos de vigilancia o cerraduras hasta el pago necesario de “piso” en los estados donde la delincuencia organizada controla territorios por encima de los cuerpos de seguridad. Las condiciones de inseguridad también elevan el costo de  producción y transporte de los insumos y ninguna empresa quiere asumir los “costos extras” que implican en precio del producto final; es el consumidor quien termina asumiéndolo en alza de precios.

INEGI informó que en el mes de junio los precios al consumidor tuvieron un aumento mensual del 0.17 por ciento generando un 94 por ciento en la inflación mensual. Los servicios aumentaron en un 0.25 por ciento y las mercancías 0.17 por ciento.

De acuerdo con el estudio de CEESP, visto en conjunto, los costos de la inseguridad en México son enormes para la ciudadanía; primero porque se trata de la búsqueda de su propia protección y los gastos que deben destinar para ello,  las modificaciones en sus conductas ante la poca confianza en las instituciones; y segundo porque cuando ya se ha sido víctima de algún delito  hay eventos post-agresión que son cubiertos por la víctima o la familia de ésta, como servicios médicos, de transporte o incluso funerarios.

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