(16 de julio, 2014).- Debido a que no explicó cómo es que la nueva legislación en materia de telecomunicaciones “reafirma la rectoría del Estado mexicano”, no queda más que dudar sobre lo dicho por Enrique Peña Nieto en el acto de promulgación de las leyes secundarias en una industria controlada por un poderoso duopolio, cuya fuerza deriva del apoyo pleno que ha tenido del gobierno desde los años treinta, cuando se creó la primera empresa de radiodifusión del país.
Como lo explicó el especialista José Antonio Ibáñez, coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, “en lugar de impulsar la pluralidad de los medios de comunicación y las radios comunitarias e indígenas, la reforma de ley las limita” (La Jornada, 15/14). Así queda demostrado que la fuerza del Estado en este sector quedó todavía más acotada de lo que ya está. Ahora hay aún menos condiciones para fomentar la libre competencia, llevar a cabo una programación más diversa, porque el duopolio salió fortalecido.
Tanto el mencionado Ibáñez, como la investigadora Sandra Salcedo, coincidieron en señalar que “los mecanismos que ya se tienen para vigilancia deberían ser suficientes”. Esto en referencia a los nuevos mecanismos que favorecen la geolocalización, la retención de datos o el bloque de contenidos, incluidos en las leyes reglamentarias. De ahí el imperativo de que la sociedad en su conjunto creara los instrumentos jurídicos necesarios para proteger sus derechos humanos y evitar que se violen impunemente garantías individuales.
En cuanto quedó formalizado el Acuerdo por México con el apoyo del Congreso derechista (incluidos de forma señalada Los Chuchos), quedó claro que el proyecto del gobierno de Peña Nieto incluía de manera preponderante el control de los medios electrónicos, como medida estratégica para impulsar mediáticamente las políticas públicas, sin cuyo apoyo sería muy difícil que la población creyera que tienen un fundamento progresista y democrático. Estas son las mismas que hubiera querido promover y promulgar el PAN cuando estuvo en el poder, no lo hizo por carecer de la experiencia política que le sobra a los priístas.
Esta reforma es fundamental en el proyecto peñanietista, porque sin el pleno control de los medios electrónicos será muy difícil meterle a la gente común la idea de que Pemex y la CFE no se privatizan con la reforma energética. Serán cuatro años y medio de un continuo “lavado” de cerebro para lograr lo imposible sin la televisión y la radio al servicio de la oligarquía. En lo que resta del sexenio, una vez que comience la depredación del territorio nacional, los medios se encargarán de ocultar la realidad y pintar un escenario inexistente en las pantallas de los televisores y en los noticieros radiofónicos, con alguna que otra excepción a la regla.
El hecho contundente, imposible de ocultar, será el hambre en aumento de la población mayoritaria, situación que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tratará de desvirtuar y aligerar con las limosnas que se irán orientando con un claro sentido de prevenir emergencias o problemas de mayor envergadura, como la formación de grupos armados. En este sentido, Rosario Robles tendrá una tarea muy relevante, no desde un punto de vista político, sino eminentemente tecnocrático: contar con información objetiva de la realidad concreta de cada una de las regiones más pobres y marginadas del territorio nacional.
El problema a superar será cómo hacer llegar las limosnas a la población escogida, cuando hay un maremágnum de corrupción desde la cúpula de la dependencia hasta los más ínfimos niveles de la misma. Allí es donde seguramente va a tronar el cohete, porque se vislumbra como el problema más irresoluble. La corrupción en las altas esferas del poder cae como una cascada hacia abajo, hasta que llega al fondo a cuenta gotas. En los meses venideros tendría que llegar con gran fuerza el caudal, conforme al imperativo de acallar el justificado descontento de las masas depauperadas, muchas de nuevo cuño debido al despojo que sufrirán, por “causa de utilidad pública”, de sus predios y parcelas.
La rectoría del Estado se perdió hace ya varias décadas, así que no puede decirse que se vaya a reafirmar con las reformas estructurales. Lo que sí se reforzará será su papel de simple administrador de los grandes negocios de la oligarquía con los bienes del Estado.
