(21 de julio, 2014).- De 16 mil 354 inmuebles públicos que no cuentan con títulos de propiedad de los predios donde se establecieron, 80 por ciento son planteles educativos de distintos grados (preescolar, primaria, secundaria y universitarios), señaló el Registro Agrario Nacional (RAN).
Estos planteles corren el riesgo de ser desalojados por los dueños de los predios si no regulan su situación. De ser evacuados, la desaparición de los planteles perjudicaría a las secretarias de Educación estatales y a las comunidades, pues ya no serían beneficiados por el servicio educativo.
Ha dicho el director en jefe del RAN, Manuel Ignacio Gutiérrez: “cualquiera que no tenga su título de propiedad puede ser despojado, porque sin ello el propietario se va a un juicio, exige su derecho legítimo y está en un estado de vulnerabilidad”
Esta situación de irregularidad se presenta principalmente en Chiapas, donde casi 3 mil inmuebles están asentados en predios de manera irregular; en el Estado de México 3 mil 200; en Oaxaca se detectaron 2 mil y en Puebla 2,900.
Manuel Ignacio Gutiérrez explicó que muchos de los inmuebles públicos, como escuelas, clínicas, parques, unidades deportivas, calles, plantas de tratamiento de agua y hasta panteones, se construyeron en parcelas con autorización de las asambleas ejidales pero sin documentos de por medio, es decir, sólo de palabra, sin que ninguna de las dos partes realizara el procedimiento para otorgar al estado el título de propiedad por lo que los propietarios de las tierras tienen las posibilidades de desalojar a la comunidad y al Estado de esos inmuebles.
La cifras de las escuelas que se encuentran en estado irregular, sin embargo, podrían aumentar, anunció el RAN, pues éste es apenas un diagnóstico preliminar (que encontró 12 mil 800 escuelas), y porque al menos 40 por ciento de los 207 mil 682 centros educativos escolares que hay en el país se encuentran en ejidos.
Explicó Ignacio Gutiérrez: “52 por ciento del territorio nacional es origen propiedad social, más de 100 millones de hectáreas están en esa condición. Antes de esta administración, este programa no existía, por lo tanto no tenemos información detallada; la estamos recopilando conforme a los levantamientos topográficos y el análisis de las actas de asamblea”.
La dependencia gubernamental propuso instalar una Mesa Nacional para la Regularización de Espacios el pasado mes de abril para tener mayor precisión de las escuelas que se encuentran en núcleos agrarios de manera irregular y puedan enfrentar un juicio.
El objetivo, dicen, es firmar un convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) a finales de este año, para que el RAN pueda tener acceso a la base de datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y cruzar la información con el registro agrario para solucionar el problema.
El RAN ha explicado de las enormes pérdidas que genera para el Estado la situación irregular de los inmuebles públicos, pues, a fin de conservarlos, se deben enfrentar largos juicios ante el Tribunal Agrario. Además, la Secretaría de Educación debe pagar indemnizaciones millonarias, o, en su defecto, restituir el predio ocupado.
Hasta ahora, el RAN ha formado convenios con 16 estados para la regulación de edificios de servicio público asentados en propiedad social. Los estados firmantes son: Tamaulipas, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo.
