(25 de julio, 2014).- Las comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Energía en San Lázaro aprobaron hoy el dictamen de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual establece que el gobierno asuma una parte de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) luego de cambiar su contrato colectivo.
Los diputados del PRI, PAN y PVEM avalaron el dictamen con 43 votos a favor, mientras que del PRD, PT y MC la rechazaron con 43 votos; en tanto hubo cero abstenciones.
Las modificaciones se realizaron en los artículos segundo y tercero transitorios que incluyen la obligación del Gobierno Federal a que se responsabilice de un porcentaje de la deuda por las pensiones actuales y futuras de Pemex y la CFE.
Esto quiere decir que un porcentaje de los 1.6 billones de pesos que adeudan ambas empresas como parte del pago de pensiones, será asumido por la administración actual y se pagará con recursos de todos los mexicanos.El porcentaje podría variar entre el 20 y 30%.
Por su parte, el presidente de la comisión de Energía, Marco Antonio Bernal, negó que se trate de un nuevo fobaproa, diciendo que “lo único que hacemos es autorizar a la Secretaría de Hacienda a que pueda asumirlo como deuda, siempre y cuando exista una reforma al sistema de pensiones y lo asumirá en el monto en que la reforma al sistema de pensiones le traiga ahorros a la empresa”.
Y agregó: “No se van a erogar recursos, no pagaremos ni un impuesto, ni va a haber más impuestos ni los mexicanos van a pagar nada. No es ese rollo de que es ‘Pemexproa’, no, no tiene nada qué ver”.
En contraste, el legislador del sol azteca, Carol Antonio Altamirano, señaló que los artículos transitorios violan el artículo 123 Constitucional, ya que señala obligaciones laborales que sólo pueden acordar entre empresa y sindicato.
Además, concluyó Altamirano, violentan el Artículo 73, pues facultan al Ejecutivo Federal a cambiar el Presupuesto avalado por la Cámara de Diputados y a responsabilizar de la deuda pública desconociendo la cifra y sin autorización del Poder Legislativo.
