(10 de mayo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- “Mi hijo fue víctima de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, por parte de elementos de esa clase dorada, es decir Sedena, a él se le secuestró y luego lo mataron, sin embargo, hoy los asesinos están plenamente identificados y aunque existen todos los elementos de prueba, la PGR no procede con su deber de procurar justicia para las víctimas, en estos casos la SEIDO aplica sus prácticas comunes, utiliza la simulación, miente, da falsas esperanzas a las víctimas o sus familiares y promete diligencias que nunca se realizan, no existe investigación y tampoco un manejo pulcro del expediente, lo que en definitiva es obstrucción de la justicia para proteger a los victimarios”, afirmó hoy en un acto Alicia Rabadán, madre de Jorge, un joven ejecutado extrajudicialmente en 2010.
Como lo informó anteriormente Revolución TRESPUNTOCERO, el 26 de abril de 2010 Jorge Antonio Parral Rabadán fue ejecutado extrajudicialmente a manos de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Rancho ‘El Puerto’ en el estado de Nuevo León, “mientras se encontraba secuestrado e indefenso”, dio a conocer la defensa. A pesar de las pruebas ningún responsable ha sido llevado ante la justicia, luego de 6 años de los hechos, la familia denuncia la impunidad del caso, aún teniendo todas las pruebas que demuestran la acción y los culpables.
Jorge, quien trabajaba en las instalaciones de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), había pedido a las autoridades desde un tiempo atrás que hubiera mayor seguridad para él y sus compañeros, derivado de la delincuencia organizada, lo cual no sucedió y fue él quien padeció un secuestro, y estando en calidad de víctima elementos de Sedena lo convirtieron en raptor, ejecutándolo a él y a otras víctimas, al llegar al lugar donde, se dice, pobladores habían denunciado habían “delincuentes”.
“Su cuerpo fue desaparecido por los propios militares, a pesar de estar plenamente identificado. Al día de hoy no existe ninguna persona consignada por el homicidio, ni la desaparición forzada de Jorge, a pesar de que existen pruebas científicas, circunstanciales y testimoniales que demuestran la responsabilidad penal de miembros del Ejército mexicano”, denunció el Director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), José Guevara, durante el acto realizado frente a las oficinas de la PGR donde se exigió justicia por parte de los padres del joven y CMDPDH.
A su vez dieron a conocer que han enviado una Petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo que ésta determine la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos a la vida, la libertad personal, la honra y dignidad, el proyecto de vida, la integridad, el acceso a la justicia, el debido proceso, al trabajo, y a la propiedad de Jorge Parral Rabadán y su familia, así como el incumplimiento a su deber de protección efectiva de las personas. Actualmente la Petición se encuentra en análisis de admisibilidad por parte de la CIDH.
Alicia Rabadán, dijo que “padece el mismo sentir que las madres que en este país han enfrentado la desgracia de perder a un hijo en circunstancias trágicas, a manos de los elementos de la Sedena, los cuales actúan como verdaderos criminales y al amparo de un uniforme utilizan su fuerza, su preparación militar y sus armas en contra de víctimas inocentes e indefensas, como en el caso de mi hijo.
Estos personajes inventan agresiones y supuestos enfrentamientos en los que violan gravemente los derechos humanos de las víctimas abusan de la fuerza, los ejecutan, alteran la escena del crimen, los difaman y luego esconden los cuerpos en fosas comunes, para que se desconozca su paradero”.
Alicia Rabadán en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO explicó que lo que hoy hicieron fue una medida desesperada después de tantos años de seguir luchando y no encontrar ninguna respuesta, incluso teniendo todas las pruebas que documentan el delito que se cometió en contra de su hijo. “Tengo la esperanza que esta acción sirva de algo para que el caso avance, porque nunca habíamos querido hacerlo público, pero es necesario.
A la procuradora le pediría, que como madre debe darle un cierre a este caso, no hay marcha atrás las evidencias son incuestionables, si bien no me va a devolver a mi hijo por lo menos que se haga justicia, entiendo que debe haber personas buenas en esa institución, pero que las malas deben ser sancionadas muy rigurosamente por lo que representa para México”, dijo la madre.
También reiteró que por parte de las autoridades no ha habido ningún tipo de disposición para colaborar, “al contrario llevan dos años y medio prometiéndonos justicia, ellos tienen todos los elementos para consignar pero por una causa o por otra no se hace, incluso lamentablemente las autoridades le dieron acceso al expediente a los militares, cuando todavía no se señalaba a alguna persona responsable, y cuando se reclamó, nos dijeron que los elementos estaban en su derecho, hubo un manipuleo, y aun así está absolutamente comprobado que incluso la SEIDO no exigió a los militares presentarse, siempre dieron excusas y se les permitió no llegar, cuando a un civil jamás se lo permitirían”.
Rabadán mencionó que ha tocado distintas puertas, durante el sexenio de Felipe Calderón se reunieron en dos ocasiones con Margarita Zavala, sin embargo no intervino en su caso, “a ella solamente le interesaba la imagen de su esposo, nos escucho y le explicamos que a mi hijo ni siquiera le pagaron su última quincena, no estamos peleando el dinero, sino el atropello que habían cometido en su contra, pero jamás hizo nada, salieron y no volvió haber contacto”.
A su vez asegura que se han acercado a la Senadora Angélica de la Peña, a quien la madre entregó un cuaderno con el caso completo de su hijo, y aunque “lo recibió, jamás se volvió acordar de nosotros, dijo que nos iba ayudar, a movilizar el caso en las dependencias, pero nunca hizo nada.
En cuanto a Enrique Peña Nieto, el día que se promulgó la ley de víctimas, recibió de mis manos un documento con el caso de mi hijo y él me dijo: ‘señora yo le prometo que personalmente me haré cargo del caso’, pero jamás volvió a comunicarse con nosotros, tampoco hubo otro tipo de atención hacia nosotros”, afirma Alicia.
Otro dato que señala, es que el caso de su hijo fue enviado a Nuevo León, “para alejarnos de éste aun cuando nosotros solicitamos que fuera a Derechos Humanos de la PGR, en lugar de eso lo mandan a otra dependencia, posiblemente porque los soldados revisaron el expediente y quieren que no podamos darle seguimiento”.
Por su parte, José Guevara, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, que “la Comisión tomó el caso en 2012, nos parece un caso alarmante porque está claramente acreditado que Jorge fue ejecutado extrajudicialmente, escondieron el cadáver y simularon que era un sicario que había muerto en enfrentamiento, esto fue comunicado por Sedena, para nosotros este tipo de casos son los que evidencian que la política de seguridad está fabricando culpables y que criminaliza a las víctimas cuando hay abusos y excesos de las autoridades”.
Explica que a partir del inicio del caso huno una relación abierta por parte de SEIDO, con quienes se comenzó construir una investigación, con las aportaciones de la familia y las de la Comisión Mexicana en su momento, pero al llegar la nueva administración de Arely Gómez y el subprocurador de Delincuencia organizada, “cambió la actitud de la Procuraduría completamente.
Lo primero es que se le permitió el acceso a funcionarios de Sedena al expediente y a los abogados del señalado como responsable, esto generó que la persona pudiera presentar pruebas a la procuraduría, con las cuales pretende quitarse la responsabilidad y en ese contexto le solicitamos a la procuraduría que el expediente fuera movido de lugar, porque ya no habían condiciones que nos demostrara que había imparcialidad e independencia por parte de la Procuraduría investigar a un funcionario de la Sedena”, menciona Guevara.
Quien comenta que en respuesta de su petición fue devuelto a la oficina de la Procuraduría de Nuevo León, dicha averiguación previa, “como un claro ejemplo de obstaculización al seguimiento por parte de la familia y el derecho de coadyucancia para esta misma, porque saben que ellos viven en Cuernavaca y que para ellos será muy difícil trasladarse, también para la comisión se complicaría el seguimiento”.
Por lo que el viernes pasado presentaron un amparo para que se revierta la situación y se acercaron a la CIDH para que conozca el caso “porque la justicia le ha sido negada la familia en este país”, dijo Guevara.
En dicho acto el padre de Jorge, pidió a un voluntario de los asistentes al acto que con unas tijeras rompiera su ropa, hasta dejarla completamente en pequeños pedazos, diciendo que la acción era solamente un “mínimo” ejemplo de lo que las autoridades le hacen a las víctimas y familiares de víctimas, no solamente en el cuerpo, sino en el alma, tras al sufrimiento de no conseguir justicia.
