A seis meses del asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, exigió que el caso no quede en la impunidad.
Al inaugurar el congreso de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, González Pérez recordó que la defensa de los derechos humanos se ha convertido en una profesión de alto riesgo, informó Reforma.
“Quienes hemos emprendido este camino debemos aceptar los riesgos potenciales que lleva implícitos, y que, bajo ninguna circunstancia debemos permitir que estos ataques y agresiones queden impunes”, comentó, frente a los titulares de las comisiones estatales.
“Y por eso la exigencia de que no haya impunidad, que el caso de nuestro amigo Silvestre, no sea un número más en la estadística de la impunidad”.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se comprometió, frente a los familiares de De la Toba Camacho, “a trabajar por lograr justicia por lo hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2017”.
“Sirva esta sencilla ceremonia como un sincero homenaje a la vida y obra del servidor público, del jurista, del esposo, del padre y abuelo, pero también, como un espacio de denuncia y reclamo para que la justicia y la verdad lleguen a este caso”, agregó.
El Ombudsman también reclamó simulaciones en la implementación de la Ley General de Víctimas, pues en algunas entidades no se ha dado un solo caso de reparación del daño. “Necesitamos quitarle la burocracia a las Comisiones Ejecutivas, y necesitamos que no se revictimice a las víctimas”, lanzó, de acuerdo con la misma publicación.
“Por eso, desde aquí y en presencia del Presidente de la Comisión Ejecutiva (Jaime Rochín), pido que tengamos la mayor celeridad posible también en la atención de la materialización de la ley de víctimas”.
A sus contrapartes estatales les pidió defender su autonomía como órganos públicos de derechos humanos y alzar la voz por la protección y el respeto a las garantías.
“Con independencia de los partidos políticos que resulten victoriosos en los procesos electorales, o las personas que formen parte o asuman la titularidad de Poderes o entidades públicas, el ejercicio debido y responsable de nuestra autonomía nos obliga a actuar con imparcialidad, objetividad y transparencia”, lanzó.
