La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la respuesta oficial del Gobierno de Estados Unidos tras la nota diplomática enviada por México por la presencia de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, un caso que ha generado tensión por la participación de personal extranjero sin autorización.
Desde Palacio Nacional, la mandataria fue clara al exponer el contenido de la respuesta: Estados Unidos se comprometió a respetar la Constitución y las leyes mexicanas, tras reconocer la irregularidad del hecho.
EE.UU. responde: respeto a la ley mexicana
Sheinbaum detalló que el Gobierno estadounidense ya respondió formalmente a la comunicación enviada por México.
“Están dando la información y también en la nota de respuesta nos dicen claramente que ellos quieren respetar la Constitución y la ley de México”, afirmó.
La presidenta explicó que en el intercambio diplomático se dejó constancia de que la presencia de ciudadanos estadounidenses en operativos de seguridad no está permitida fuera de los acuerdos establecidos.
“Había ciudadanos estadounidenses en un operativo que le corresponde solamente a las autoridades mexicanos. Se les hace saber que eso está fuera de la ley y ellos contestan: ‘nos vamos a ceñir a los acuerdos que tenemos y al marco de la ley y la Constitución en México'”, agregó.
“A México se le respeta”: postura del Gobierno
En los documentos enviados por el Gobierno mexicano, se enfatizó un mensaje directo:
“a México se le respeta”, subrayando que lo ocurrido no debió suceder, al permitir la participación de agentes extranjeros en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas sin autorización federal.
La mandataria dejó claro que este episodio debe considerarse una excepción, y no una práctica recurrente en la cooperación bilateral.
“En el caso de Estados Unidos les ha quedado claro que no permitiremos nosotros que haya participación en tierra, en operaciones, de cualquier ciudadano estadounidense”, sostuvo.
Investigación sigue abierta pese a renuncia
Sheinbaum también reiteró que la renuncia del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, no cierra el caso ni detiene las investigaciones.
“Esto no para con una renuncia […] tiene que aclararse todo, no es menor, tanto en nuestra relación con Estados Unidos como por el cumplimiento de la ley. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad”, enfatizó.
El caso continúa bajo análisis para esclarecer por qué se permitió la participación de los agentes, qué ocurrió durante el operativo y cuáles fueron las responsabilidades correspondientes.
Implicaciones en la relación bilateral
La presidenta advirtió que este episodio tiene impacto tanto en la relación entre México y Estados Unidos como en el actuar de autoridades locales, por lo que el seguimiento institucional es clave.
En este contexto, el Gobierno federal mantiene la línea de que cualquier cooperación internacional en materia de seguridad debe realizarse dentro del marco legal vigente, con pleno respeto a la soberanía nacional.
El caso de Chihuahua se mantiene así como un tema abierto, con investigaciones en curso y bajo el compromiso de aclarar completamente lo sucedido.
