(23 de diciembre de 2014).- Después de cuatro años sale a la luz los detalles que hacían falta para la investigación sobre la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Una vez más las autoridades municipales se encuentran en la mira ya que fueron ellas las que colaboraron con miembros del cártel de “Los Zetas”.
No obstante la Procuraduría General de la República “hizo lo mínimo indispensable para cumplir con la orden del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) en relación con solicitud de datos sobre los policías relacionados con el hallazgo de las fosas clandestinas”, expuso Michael L. Evans, director de Proyecto Migración de México de la no gubernamental estadounidense Archivo de Seguridad Nacional (NSA por su sigla en inglés)
Y es que a pesar de que se trataba de violaciones graves a los derechos humanos y considerado como un “crimen de lesa humanidad”, la PGR se negó a dar una búsqueda clara, reservando estos hechos por 12 años. Fue así que el Ifai revocó la decisión y ordenó a la institución entregar una versión pública de los documentos con base en que la Ley de Transparencia en México prohíbe al Estado reservar este tipo de situaciones tan delicadas.
Para Michael L. Evans los hechos que rodean el caso de San Fernando siguen un patrón visto en los últimos años en el país. Al igual que el caso de Iguala, Guerrero, donde normalistas de Ayotzinapa desaparecieron, las masacres en Tamaulipas son síntomas de la corrupción y la narcopolítica que ha consumido partes de México en la última década.
“Este episodio abre la puerta para que, a través del Ifai, tanto el Instituto Nacional de Migración como la PGR liberen más información de éste y otros casos mediante la norma de transparencia que los obliga a divulgar información sobre derechos humanos”, señaló
De acuerdo con la normativa, cualquier ciudadano mexicano o extranjero puede pedir información pública a las distintas dependencias de la Administración Pública Federal (APF). La solicitud puede ser presentada personalmente a la unidad correspondiente, enviada por mensajería a la Unidad de Enlace de la APF o registrarla vía electrónica, a través del Sistema de Solicitudes de Información.
Los culpables de la masacre de San Fernando
El pasado 22 de agosto se cumplieron cuatro años de la matanza de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando Tamaulipas. Según los datos que se tienen, el grupo criminal conocido como los Zetas secuestró a los migrantes pidiéndoles a cambio de su liberación, ya sea una cantidad x de dinero, o que formaran parte de su grupo como sicarios. El desenlace lo conocemos todos: fueron acribillados por carecer de recursos económicos y por poseer, eso sí, la dignidad y el valor de negarse a participar en el crimen organizado.
Lamentablemente, lo ocurrido en San Fernando es una pequeña muestra de la violencia que miles de migrantes sufren a diario mientras cruzan por México hacia los Estados Unidos. ¿Quién no ha oído, visto o leído casos donde hombres, mujeres y niños son discriminados, maltratados, violados, levantados, secuestrados, esclavizados y asesinados? Cuando se piensa en los migrantes, cuántos de nosotros nos imaginamos que su destino final no fue el “sueño americano”, sino su esclavización en la fábrica, el restaurante, el comercio, el campo, etc.; o su explotación en algún burdel; o, en los casos más extremos, convertidos en cadáveres que yacen en la morgue, en el desierto o en la fosa clandestina.
El gobierno mexicano es culpable por permitir la impunidad y no procesar legalmente a los autores (materiales e intelectuales) de los crímenes. Peor aún, por permitir que las mismas autoridades (civiles y policiacas) se hayan coludido con el crimen organizado para facilitar sus operaciones. No es nada descabellado pensar que empleados del mismísimo Instituto Nacional de Migración, en muchas ocasiones, hayan entregado directamente a los migrantes que detiene, en las garras de algún cártel.
