A un año del asesinato del activista Manuel Gaspar, organizaciones condenan que Fiscalía de Puebla no haya hecho justicia

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La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, exigió justicia a un año del asesinato de su compañero Manuel Gaspar Rodríguez. Señalando que en la sierra nororiental de Puebla se contabilizaba en el 2014 que habían sido otorgadas 91 concesiones que abarcan aproximadamente 272, 000 hectáreas para explotación minera a cielo abierto; 8 proyectos hidroeléctricos para suministrar energía eléctrica y agua a las empresas mineras. “A todas luces se visualizaba una devastación ecológica y un daño ambiental irreversible”.

Por lo anterior, su compañero Manuel Gaspar Rodríguez “tuvo la claridad y determinación de que nuestras comunidades campesinas y sobre todo indígenas definieran el destino de sus tierras, territorio, agua y recursos y decidió incorporarse de manera decidida al Movimiento Independiente Obrero Campesino, Urbano y Popular integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP – CNPA MN).

En 2016, señala el comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció públicamente que una línea de alta tensión y la construcción de una subestación eléctrica en Cuetzalan del Progreso se planificaron para potenciar la actividad minera y de extracción de hidrocarburos mediante el método de fracking en la zona. 

La oposición de las comunidades y diversas organizaciones de la región, incluido el MIOCUP – CNPA MN a la construcción de dicha subestación, trajo consigo hostigamiento y persecución judicial contra sus compañeros de COTIC, MIOCUP y CNPA MN, entre ellos, el defensor de Derechos Humanos Manuel Gaspar Rodríguez ya que la CFE interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR), denunciaron. 

“A un año de su asesinato, es condenable que la Fiscalía del gobierno estatal no haya hecho justicia, en dos ocasiones ha solicitado que se amplíe el cierre de la investigación, esperamos que esa demora sea porque efectivamente están recabando todas las pruebas para demostrar la culpabilidad del o los responsables, más allá de cualquier duda razonable, ya que la obligación de la Fiscalía después de 6 meses de investigación es dar resultados, en este caso llevan ya un año y lamentablemente no ha sido así”.

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