“El acceso a la justicia, que es un derecho humano, se vio afectado por el nivel de impunidad que imperó en el Gobierno de Peña Nieto”, reprochó el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez y atribuyó este tema a una debilidad institucional, de acuerdo a una entrevista realizada por Reforma.
“Para todas las violencias, el mejor antídoto es combatir la impunidad”, planteó.
“Esto no se aplicó, porque tenemos debilidad de instituciones, cómo nos explicamos que estén cojas ciertas estructuras: la Fiscalía General, hay un encargado (de despacho de la PGR), pero no se pudo tener un modelo diferente de procuración de justicia, a pesar de que la Constitución lo preveía”.
Además, recordó que a pesar de que la CNDH emitió recomendaciones por hechos ocurridos en Tanhuato, Apatzingán y Tlatlaya, judicialmente no se tienen ningún avance sobre responsabilidades penales de los culpables.
González Pérez planteó que la justicia transicional en la Administración de AMLO podría ser una solución, siempre que mantenga a las víctimas su eje central, y que una eventual ley de amnistía no se traduzca en perdón y olvido.
Sobre la austeridad presupuestal que López Obrador ha planteado que impulsará en su Gobierno, el Ombudsman consideró que debe ser normada de forma general y siempre cuidando no violar derechos humanos.
“La instrucción que le he dado a la Oficialía Mayor es, no solamente estar ejerciendo con racionalidad, sino que la preparación del presupuesto que se tiene que enviar para 2019 sea con esa perspectiva de austeridad”, agregó.
