Información difundida en medios internacionales, replicada en redes sociales y respaldada por denuncias de senadoras paraguayas colocaron en la mira al presidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA, Alejandro Domínguez. De acuerdo con las legisladoras, la adjudicación directa de un contrato de 61 millones de dólares por parte de la petrolera estatal Petropar a la firma catarí Doha Holding habría destapado una red de vínculos familiares y financieros que conecta a la dirigencia del futbol sudamericano con cuentas en el extranjero, incluidas operaciones en Asia y Medio Oriente.
Las senadoras señalaron que en septiembre de 2024 Petropar otorgó, bajo un régimen de excepción y sin licitación, la compra de 100 mil toneladas de diésel a Doha Holding, una empresa sin experiencia comprobada en el sector energético.
Pese a incumplir con las primeras entregas, la compañía recibió seis prórrogas consecutivas sin sanciones ni ejecución de garantías. La única garantía presentada fue una carta jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, miembro de la familia real de Catar, sin respaldo bancario válido.
De acuerdo con los reportes legislativos y los documentos citados en las denuncias, el domicilio legal de Doha Holding en Paraguay se registró en el despacho del abogado Julio Ernesto Jiménez Granda, hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y colaboradora cercana de Alejandro Domínguez. Además, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirmó que el hijo del dirigente, Alejandro Domínguez Pérez, figuró como representante de la empresa ante el Estado paraguayo.
Las acusaciones también apuntan a movimientos financieros en Dubái, Shanghái y Catar. Registros filtrados muestran que sociedades vinculadas a Domínguez y al abogado Jiménez Granda administraron cuentas con depósitos millonarios, incluyendo una transferencia de 2.7 millones de dólares a favor de un integrante de la familia real catarí bajo el concepto de “servicios de inversión”.
Aunque hasta ahora no hay una postura oficial de la Conmebol ni de Petropar, los señalamientos presentados por las senadoras llegaron al Comité de Ética de la FIFA, donde se ha solicitado investigar el origen de los fondos y evaluar la suspensión preventiva del directivo paraguayo.
Analistas internacionales advierten que el caso no solo involucra a la administración pública paraguaya y al fútbol regional, sino que también podría escalar a un tema de gobernanza financiera con implicaciones geopolíticas.
