(11 de abril, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El padre Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos y promotor de los derechos de migrantes, denunció que la Policía Federal, en coordinación con integrantes del Instituto Nacional de Migración (INM), impidió el jueves a cientos de migrantes que integran el Viacrucis centroamericano -que pretendía trasladarse de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, al Distrito Federal-, abandonaran territorio oaxaqueño bajo amenaza de ser deportados.
“El albergue prácticamente está sitiado, hay cuatro retenes de policías federales con armas largas y también agentes de migración”, dijo el sacerdote vía telefónica, y agregó que “no creemos que entregarlos sea la solución porque lo único que les espera es la repatriación…muchos de ellos han dicho que por nada del mundo pueden volver al infierno en sus lugares de origen por la violencia tan grande que hay, por la inseguridad, y porque temen por su vida”.
Solalinde afirmó que en el albergue Hermanos del Camino, ubicado en el istmo de Tehuantepec, se encuentran más de 400 migrantes que acompañan el viacrucis, de los que por lo menos 50 son menores de edad; también permanecen ahí centenares de mujeres y familias completas.
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El sacerdote declaró que pudo reunirse con el titular del INM, Ardelio Vargas Fosado, quien minimizó la presencia de la Policía Federal argumentando que son normales sus patrullajes: “pero dijo que si los migrantes salen, van a ser detenidos por Migración y van a ser deportados. Le propusimos ser un poco flexible, enviar a algún agente de migración para ver si califican como refugiados o para una visa humanitaria, pero dijo que a él no le correspondía eso, que la única forma de poder hacer algo era que se entregaran en Migración”.
De acuerdo al testimonio ofrecido por el activista, Vargas Fosado reprochó a las organizaciones el presentar a cualquier persona como víctima, y argumentó que estaban desgastando dicha figura.
El diálogo entre ambos terminó sin ningún acuerdo, sin embargo, el párroco exhortó a los gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos, a tomar la responsabilidad que a cada quien le corresponde en el fenómeno migratorio, pues dijo, no es un asunto unilateral sino consecuencia de “la irresponsabilidad de sus gobiernos de origen que no han tomado una actitud más decidida para tomar medidas a corto y largo plazo”.
“Si la ley dice que el migrante no es ilegal, sino un irregular administrativo, y hablamos de que esta población es pobre y vulnerable como lo ha reconocido el Papa Francisco, ¿por qué la respuesta (del Estado mexicano) es de esta envergadura?, ¿por qué los tratan como si fuera un desplazamiento de terroristas o criminales?, ¿por qué si son irregulares, administrativos ponen sendos retenes saliendo de Ixtepec, en Juchitán, en La Ventosa y en Matías Romero?”, cuestionó Solalinde.
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Petición al Congreso
El sacerdote solicitó la presencia en el istmo de Tehuantepec de la diputada Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, y de otros legisladores para que entablen el diálogo con los migrantes y documente la situación que viven; además de exigir al gobierno federal cumplir con el Programa Especial de Migración, acordado en el Plan Nacional de Desarrollo y publicado en mayo de 2013.
La diputada Amalia García se comprometió a desplazarse a Oaxaca y declaró que “resulta inaceptable que la posición del gobierno mexicano sea deportación en caliente. México ha pedido a Estados Unidos que no haga deportaciones en caliente de mexicanos que están allá, sino que les dé la oportunidad de un procedimiento jurídico para ver cuál es su situación y que aquellos cuya situación permita quedarse en la unión americana puedan hacerlo; ¿por qué este doble discurso?”.
García Medina detalló que una vez en la Ciudad de México, los migrantes se reunirían con legisladores en la Cámara de Diputados, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con Amnistía Internacional; sin embargo no pudieron trasladarse a la capital de la República porque elementos de la Policía Federal y del INM amenazaron a los choferes de los autobuses que ocuparían los centroamericanos, con levantarles cargos por tráfico de personas si subían a un solo migrante a sus vehículos.
Suman Chiapas y Oaxaca 42 quejas por trasgresiones a migrantes
La legisladora declaró que buscaría interlocución con la Secretaría de Gobernación para pedirle que instruya al Instituto Nacional de Migración a permitir y facilitar el traslado de los acompañantes del Viacrucis centroamericano al Distrito Federal: “consideramos indispensable que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se involucre de manera inmediata y activa en la protección de estos migrantes”.
Andremar Galván, coordinador del colectivo Apoyo para Personas Migrantes A.C., informó que en el acompañamiento que hicieron del viacrucis -que pretendía llegar a la Basílica de Guadalupe atendiendo a la fe de los migrantes-, se pudo documentar que entre enero y febrero de este año, Chiapas recibió 34 quejas y 8 más Oaxaca, por acciones y omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes y sus familias, así como por trato cruel, inhumano y degradante cometido por funcionarios y servidores públicos.
“Tan sólo el albergue Centro de Ayuda Humanitaria Chahuites, ubicado en Oaxaca, ha dado acompañamiento a 190 personas migrantes desde noviembre del año pasado hasta la fecha, para la realización de denuncias por haber sido víctimas del delito de agresión sexual, mientras que el albergue Hermanos en el Camino ha hecho 169 denuncias desde que se aprobó el programa Frontera Sur, que ha provocado que las rutas migratorias sean cada vez más peligrosas”, argumentó el activista.
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