(03 de abril, 2020. Revolución TRESPUNTOCERO).- A pesar de que no se ha comprobado la eficacia de las llamadas “pruebas rápidas” para detectar COVID-19 y que no han sido avaladas por ninguna autoridad sanitaria nacional o internacional, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha desatado una intrincada polémica al insistir en su deseo de comprarlas, cuando se podrían utilizar esos recursos económicos en otras medidas de prevención y/o atención con mayor funcionalidad y mejores resultados.
La promesa de Alfaro era aplicar 600 pruebas diarias durante aproximadamente un mes; en total, 20 mil pruebas rápidas con un costo de 20 millones 697 mil 880 pesos. No obstante, las pruebas siguen sin llegar a Jalisco debido a que, en palabras del gobernador: “han pasado cosas raras”.
“Nos habían dicho que se atoraron en aduanas, luego ya no nos contestaban el teléfono. No alcanzo a entender ahorita”, comentó en entrevista para W Radio. “Misteriosamente, los que nos habían dicho que las tenían, ya no las tienen. Entonces estamos buscando dónde conseguirlas”, destacó.
Además, el mandatario estatal ha criticado constantemente la postura del Gobierno Federal y del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por desestimar el uso de estas pruebas.
Los rumores difundidos dictaban, primero, que las pruebas se habrían usado en Alemania; después, que en Canadá; finalmente, se mencionaba su incursión en EE.UU. Sin embargo, todas las versiones fueron eventualmente desmentidas.
Entre las instancias que niegan el uso de dichas pruebas destacan: el Instituto Robert Koch de Alemania, el Laboratorio Nacional de Microbiología de Canadá, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La “prueba rápida” consiste en un instrumento de plástico con material poroso (similar a las pruebas de embarazo) que, con una gota de sangre, detecta anticuerpos contra el virus, pero no la presencia del virus como tal, reduciendo la veracidad de su resultado al 50%. “Equivale a sacar una moneda, aventar un volado y decir águila o sol”, explicó López-Gatell.
Por otra parte, la prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), que está aplicando el Gobierno Federal y la mayoría de los países en el mundo, involucra un proceso técnico de biología molecular, que detecta en la sangre la infección de COVID-19, con una efectividad de 95%.
Ésta es la única prueba validada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras organizaciones internacionales.
De esta manera, mientras otros gobiernos estatales buscan solventar, junto al Gobierno Federal, la reconversión de hospitales, la contratación de profesionales médicos, la adquisición de equipo médico como ventiladores, entre otras medidas, Enrique Alfaro insiste en gastar más de 20 millones de pesos en pruebas rápidas pero ineficaces.
