Hugo Sánchez / REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO El Salvador
(12 de septiembre, 2013).- A los tres días de nacida le diagnosticaron un padecimiento renal. Su bisabuelo y abuelo maternos murieron por una Enfermedad Renal Crónica (ERC) en menos de un año. Ahora, Michelle Rodríguez, con 4 meses de edad, recibe diálisis periódicamente en el hospital de niños Benjamín Bloom en la capital salvadoreña, los médicos dicen que su daño renal es hereditario.
“Aquí todos estamos tristes, porque hace poco se murió mi abuelo y mi papá. Ellos vivieron bastante, pero la niña está chiquita para que se me muera”, dijo Claudia Rodríguez, madre de Michelle, a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
La recién nacida forma parte de las aproximadamente 3,500 personas que reciben diálisis en la red hospitalaria salvadoreña.
Michelle es originaria del municipio de San Luis Talpa, departamento de la Paz, a 34 Kilómetros de San Salvador; en donde hasta la fecha las autoridades municipales registran más de 50 fallecidos a causa de una insuficiencia renal.
El coordinador de Investigaciones Renales del Ministerio de Salud (MINSAL), Carlos Orantes, señala que por cada uno de estos pacientes que se encuentran en una etapa avanzada de la ERC existen otras 200 personas que presentan dicho padecimiento en etapas menos desarrolladas. Es decir que alrededor de 700 mil salvadoreños podrían padecer algún grado de daño renal.
Las autoridades del MINSAL dijeron recientemente que uno de los principales factores que ha disparado el número de casos de ERC en este país centroamericano es la prolongada exposición a los agroquímicos.
“La causa fundamental de las Enfermedades Renales Crónicas es el uso indiscriminado de tóxicos en la agricultura en El Salvador”, dijo María Isabel Rodríguez, ministra de Salud de El Salvador, en una conferencia de prensa.
Pero el tipo de ECR que prolifera en El Salvador, y que se ha detectado desde el sur de México hasta Panamá, no es causada por factores comunes como la diabetes o hipertensión y se conoce como Nefropatía Mesoamericana.
“Nadie nos puede negar ahora que las lesiones que los riñones de las personas que padecen de esta ERC por padecimientos como la diabetes, obesidad, hipertensión arterial y demás, son absolutamente diferentes de las que estamos encontrando nosotros en riñones de personas que están expuestas a todos estos tóxicos”, agregó Rodríguez.
El MINSAL estima que alrededor del 60 por ciento de las personas que acuden al sistema de salud público con algún daño renal no presentan hipertensión o diabetes.
Una investigación realizada en más de 5 mil pacientes determinó que los afectados son generalmente hombres jóvenes menores de 60 años que se dedican a labores agrícolas en la zona costera y mujeres de áreas suburbanas que laboran en la horticultura, ambos casos en zonas de producción agrícola intensiva.
Las autoridades sanitarias dicen que otros factores como las altas temperaturas, las jornadas extenuantes y el consumo insuficiente de agua pueden abonar a la epidemia de ERC, pero que el factor “determinante” y que “vehiculiza” la enfermedad es el uso de agroquímicos.
Miguel Aragón, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que el aumento de casos de ERC se dio desde la década de los años noventa y que las primeras alarmas “consistentes desde el punto de vista científico” se dan a inicios de la década de los años dos mil.
“Es un problema de salud pública grave y que tiene otro problema adicional, la respuesta que se le tiene que dar, desde el punto de vista asistencial, es costosa”, explicó a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
El Salvador gasta alrededor de 17 millones de dólares anuales en la atención a pacientes con ERC.
La nación centroamericana se encuentra entre los principales países con mayor tasa de mortalidad por ERC. En el Bajo Lempa (Usulután), Acajutla, (Sonsonate), San Pedro Masahuat y San Luis Talpa (La Paz), Intipucá y Conchagua (La Unión), la tasa es de muertes por la ERC es de 61.9 por cada 100,000 habitantes.
Monsanto, responsable de las muertes por ERC: Navarro
En primera instancia, las autoridades municipales de San Luis Talpa manejaban la hipótesis que la proliferación de la ERC era consecuencia directa de la contaminación generada por unas 20 toneladas de químicos abandonados desde 1984, principalmente toxafeno, en la ex fábrica formuladora de Quimagro.
Otro caso similar se registró en el área urbana del oriental departamento de San Miguel, donde fueron abandonados en 1987 unos 90 barriles de toxafeno en el lugar en que funcionaba una fábrica de Monsanto, nefrólogos del MINSAL señalan que en esa zona unas 400 personas presentan daño renal.
El ecologista Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), dice que la irresponsabilidad a la hora de manejar los productos químicos es una “práctica empresarial” por parte de las transnacionales y de sus socios locales.
“Cuando estos productos fueron denunciados (la llamada “docena sucia”) y al final fueron sancionados con restricciones y después con prohibiciones, en lugar de darle algún tratamiento técnico o químico, lo que hicieron las empresas fue declararse en quiebra y abandonar los agroquímicos”, explicó Ibarra a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
El ambientalista señala que, en la década de los años setenta, El Salvador poseía “récord mundial” de utilización de agroquímicos por unidad productiva en el contexto de la llamada revolución verde.
“Siempre estos productos eran importados por oligopolios, ahí empiezan a aparecer las transnacionales, no solo Monsanto sino que está vinculada a la Bayer, la BASF y Syngenta, en todo este negocio”, declaró.
Datos del Banco Mundial indican que en El Salvador se utilizan 107 kilogramos de fertilizantes por hectárea cultivada, en cambio Cuba, que es un gran productor de azúcar, utiliza solo 24. La OMS señala que la tasa de muertes por ERC de El Salvador es 17 veces superior a la de Cuba.
Una de las principales empresas comercializadoras agroquímicos en El Salvador ha sido Cristiani-Burkard, del ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani. Dicha empresa con presencia en toda Centroamérica fue comprada en 2008 por Monsanto, sólo meses después que en ese país se derogara un artículo de la Ley de Semillas que prohibía el ingreso de transgénicos.
La medida fue aprobada por la derecha salvadoreña aglutinada en el Partido de Conciliación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), este último llevo a la presidencia al empresario Alfredo Cristiani entre 1989 y 1994. Actualmente Cristiani es el principal dirigente de ese partido.
En 2010 Cristiani-Burkard cambio su nombre a Monsanto El Salvador, según documentos del Centro Nacional de Registro salvadoreño (CNR).
Ibarra dice que, en el caso de San Luis Talpa, la empresa Quimagro se dejó embargar por un banco para eludir la responsabilidad de darle tratamiento a los agroquímicos que carecían de valor comercial.
El Banco de Comercio (comprado posteriormente por Scotiabank) embargó a la empresa de pesticidas por no cancelar un préstamo de 40 mil dólares.
Por su parte, Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), es enfático al señalar a la transnacional Monsanto como principal responsable de la epidemia de ERC en El Salvador.
“Es una responsabilidad total. Monsanto produce esas cosas (agroquímicos) a sabiendas de los problemas que ocasionan. Yo creo que Monsanto debería ser demandado por esas cosas. Yo los señalo a ellos como los principales responsables de las muertes en San Luis Talpa y muchos otros lugares”, dijo a REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO.
El ambientalista pide al Estado salvadoreño emprender una “acción política de alto nivel” y solicitar formalmente a la transnacional que dé tratamiento a los tóxicos.
“La salida debe ser una neutralización química, pero eso quien lo debería hacer son los fabricantes. Habría que pedirle a Monsanto que se los lleve de regreso”, indicó Navarro.
Además dice que el Estado Salvadoreño históricamente ha jugado un papel muy pobre en torno a la problemática de los químicos abandonados y al abuso de pesticidas.
“Yo creo que ha sido de total negligencia permitir que esos tóxicos entren, permitir que la Monsanto pueda hacer y deshacer, que tiren veneno por todos lados. El Estado también es responsable de lo que ha pasado por que ellos tenían que haber regulado la utilización de los venenos”, apuntó Navarro.
Ángel Ibarra dice que al Estado salvadoreño le han falto dientes para afrontar la problemática y que tanto las autoridades de medio ambiente y agricultura no han actuado adecuadamente ante la problemática, además, al igual que Navarro, ve necesario actuar legalmente contra las trasnacionales.
“Nunca se ha emplazado a las trasnacionales que privatizan la ganancia, socializan la enfermedad y las pérdidas. Aquí hay que enjuiciar a las empresas, no solo a las trasnacionales, sino que a sus socios locales para que paguen para restaurar ecosistema y reparar el daño que han causado a las familias”, concluyó Ibarra.
Según documentos del estatal Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) en el año 2009 el Estado salvadoreño compró más de 5.1 millones de dólares a Cristiani-Burkard en “Semilla Certificada de Maíz Blanco”, mientras que en 2010 compró más de 1.3 millones de dólares de la misma semilla a Monsanto El Salvador.
Una publicación en el sitio oficial de Monsanto de diciembre de 2009, señala que el CENTA inició en ese año con la experimentación de “maíz combinado con la tecnología YieldGard y Roundup Ready”. Dicho maíz ha sido alterado genéticamente para resistir al glifosato, herbicida comercializado como Roundup por Monsanto.
Un estudio del grupo ambientalista Amigos de la Tierra (Friends of theEarth, FoE) determino que existen rastros de ese herbicida en la orina de ciudadanos de 18 países europeos.
Agroquímicos prohibidos y metales pesados
La investigación del MINSAL ha logrado determinar que en El Salvador se sigue comercializando libremente una serie de agroquímicos regulados por los convenios sobre productos químicos y desechos peligrosos de los que la nación centroamericana es firmante.
“Corroboramos el uso indiscriminado de agroquímicos proscritos por todos los convenios, el de Estocolmo, Basilea y Róterdam (…) se usan en grandes cantidades, combinados y sin ninguna adecuada higiene laboral”, expuso Orantes.
Esos agroquímicos prohibidos son el Metilparation de Monsanto, Metamidofos comercializado como Tamaron de la Bayer y el Paraquat vendido como Gramoxone de Syngenta.
De igual manera, los investigadores del MINSAL lograron encontrar arsénico, cadmio y plomo en las zonas agrícolas, especialmente en las viviendas de personas afectadas por ERC. También han determinado que la concentración de los metales pesados es mayor en la superficie del suelo.
“Estos dos elementos nos plantean que existe una contaminación por la actividad humana”, dijo el investigador y nefrólogo.
Orantes señala que los agroquímicos permiten que los metales pesados ingresen a la cadena ecológica y alimenticia. Los metales se pueden encontrar en agroquímicos como el glifosato, utilizado principalmente en madurantes para la caña de azúcar.
Por otra parte, mediante estudios clínicos realizados a pacientes con ERC detectaron lesiones “extrarenales”, principalmente en el sistema circulatorio, características de la intoxicación crónica por arsénico.
“Logramos entender que había lesiones extrarenales, en otros órganos y sistemas más allá del riñón, que no podían ser explicadas por una enfermedad crónica producida por deshidratación o por estrés por calor”, explico Orantes.
Regulación y prohibición
Con los resultados de las investigaciones que determinan que los agroquímicos son la principal causa de la epidemia de ERC en El Salvador las autoridades del MINSAL y el Alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, han acudido al Congreso salvadoreño para buscar se regule el uso de sustancias químicas en la agricultura.
“Es un tema viejo que existe, que exige una respuesta que no puede seguir tardando tanto, que se tuvo que haber tomado hace ratos. La regulación de todos los tóxicos agroquímicos y pesticidas que entran al país sin ningún control, que se distribuyen y se venden irresponsablemente”, dijo la ministra de Salud.
La titular del MINSAL vaticina que el principal obstáculo para que se regule definitivamente el uso de pesticidas y herbicidas será los intereses de grandes corporaciones con intereses económicos.
“Estas luchas son de enano contra gigante. Nosotros en este momento podemos rebatir cualquier posición, que ponga en duda o niegue, de cualquier firma, de cualquier poderoso agente que se presente y quiera defender su posición. Tenemos ya elementos técnicos, científicos”, dijo Rodríguez a la prensa.
Miguel Aragón de la OMS dice que es necesaria la regulación pero que también se deben proponer alternativas que sustituyan a los agroquímicos que deben ser prohibidos.
“Cuando se dice que hay que restringir o prohibir agroquímicos no es que se van a prohibir todos. Sólo aquellos que a nivel internacional, en las convenciones, se han identificado que ya no se deberían usar porque son altamente peligrosos”, dijo el galeno.
La primera vez que se propuso ante la Asamblea Legislativa salvadoreña la regulación fue en 1995. En 2004 se promovió un decreto ejecutivo que pretendía regular la distribución, venta y uso de la “docena sucia”, pero diversas organizaciones ambientalistas han denunciado la venta y uso indiscriminado de varios de esos productos.
A pesar de los esfuerzos la titular del MINSAL pronostica un difícil panorama por los niveles de exposición que ha tenido la población a los agentes químicos.
“Mucha gente, pese a las medidas de protección, pese a todo lo que hagamos en este momento, se va a seguir muriendo por un tiempo, porque es gente que ya se contaminó”, explicó Rodríguez.
A CUARENTA AÑOS: TENER MEMORIA PARA EL FUTURO.
