(11 de mayo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ángel Ulises García Aguiñaga, de 17 años de edad, desapareció el pasado 19 de marzo, tras ser detenido por elementos de la Marina, en Nuevo Laredo. Un día después sus familiares encontraron su cuerpo semienterrado en un rancho de Anáhuac, Nuevo León.
Oscar Santiago García, tío de Ángel Ulises, interpuso una denuncia en contra de personal de la Secretaría de Marina por la probable detención arbitraria y ejecución extrajudicial del menor de edad, quien desapareció después de salir del domicilio de su abuela materna, para reunirse con sus amigos de la colonia.
El menor ya no regresó a dormir, por lo que Oscar Santiago se movilizó para buscarlo. Preguntó con los amigos que estuvieron con él por una última vez y le informaron que aquella noche vieron como un grupo de marinos en varios vehículos, “estaban rondando la colonia” y después detuvieron al muchacho.
De acuerdo a un testimonio obtenido por Revolución TRESPUNTOCERO, Oscar Santiago tras conocer la versión de los jóvenes, acudió a las oficinas de la Policía Ministerial, Policía Estatal y Policía Federal, pero no encontró en ninguna de las dependencias al muchacho.
También fue a hospitales y finalmente a una funeraria. En aquel último sitio una persona que buscaba a su hijo (detenido de la misma forma), le aconsejó que lo rastreara por el rumbo de la carretera Anáhuac, porque “las unidades de la Marina regularmente salen con esa dirección”.
El tío de Ángel Ulises pasó varias horas recorriendo las orillas de la carretera Colombia – Nuevo León y Anáhuac. Ahí encontró a un trabajador de un rancho cercano, quien después de saber que buscaba a su sobrino, le informó que, “durante la noche del lunes y madrugada del martes por ahí estuvieron varias unidades de la Marina, cercanas a la ubicación del rancho ‘Mario Peña’, en el kilómetro 127”.
El trabajador sugirió que fuera hacia aquella zona. Por lo que Oscar Santiago, en compañía de otra persona, se dirigieron hacia el sitio señalado. Durante la búsqueda, y llevando 400 metros de camino, se percataron que en los alrededores de un tramo de terracería algunas aves volaban en círculo.
Al acercarse al lugar se encontraron “con un cuerpo semienterrado, fácil de identificar a simple vista, por lo que se procedió a quitarle la tierra del rostro y fue ahí cuando se confirmó que se trataba de Ángel Ulises”, recordó Oscar Santiago.
En el momento de la desaparición, el menor vestía pantalón color café claro, camiseta blanca y tenis deportivos en color negro con franja roja, tal y como permanecía al momento de ser encontrado. De acuerdo con informes de la familia, Ángel Ulises tenía heridas de arma de fuego y de arma blanca en todo el cuerpo, así como marcadas huellas de tortura.
La detención arbitraria, desaparición y ejecución extrajudicial de Ángel Ulises forma parte de una treintena de casos en donde la Marina ha sido involucrada, de acuerdo con testigos y familiares que han presenciando el momento en que llevan a cabo dichos actos. La Marina los ha negado, en algunos momentos declarando que se trata de civiles con camionetas y uniformes apócrifos y en otros manteniendo el silencio.
A finales de marzo pasado, las familias de 14 víctimas de detención arbitraria que hasta la fecha se mantienen desaparecidas o han sido localizadas asesinadas, se manifestaron contra la Marina, siendo acompañadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, cuyo presidente, el licenciado Raymundo Ramos ha solicitado en distintas ocasiones, en lo que va del año, a Enrique Peña Nieto ordenar una investigación de los hechos denunciados de manera pronta e imparcial, de elementos pertenecientes a la dependencia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna.
Ramos ha señalado que en estos casos, las víctimas generalmente son jóvenes y menores de edad, de distintas clases sociales. Ya que las detenciones arbitrarias, según testigos, se han perpetrado tanto en colonias populares como en zonas residenciales de Nuevo Laredo.
“De quienes son ejecutados, llama mucho la atención la forma en que son enterrados. Lo hacen de manera superficial, como si quisieran que se encontraran los cuerpos fácilmente. En ocasiones exclusivamente con las manos a la vista o el rostro expuesto, lo que permite que se sepa que en ese lugar hay un cuerpo”, comentó Ramos a este medio.
Ante la justificación de la Marina de que podría tratarse de ‘clones’, Ramos señala, “para nosotros no es una versión creíble porque tenemos evidencia que en al menos tres casos de ejecución extrajudicial, hay participación del personal de la SEMAR.
“Han sido sepultados en los límites donde convergen tres estados: Coahuila -carretera Piedras Negras-, Anáhuac y Sabina, Nuevo León que es la carretera nacional y Nuevo Laredo – Colombia (Tamaulipas), esta última tiene la particularidad que es una carretera muy poco transitada y lo que han referido los familiares y testigos, en algunas quejas, es que también se realizan dichas detenciones en horas de la noche o de la madrugada, van a aquellos sitios donde no va haber testigos y ahí se cometen estas ejecuciones extrajudiciales”.
En aquella protesta, los manifestantes expresaron: “Somos familiares de las personas desaparecidas y otras ejecutadas clandestinamente por parte de la Marina Armada de México, que ha utilizado a Nuevo Laredo y Nuevo León, como sus cementerios clandestinos. Cuándo va a parar esto señor gobernador, votamos por usted y quisiéramos saber dónde están sus pinches vientos de cambio”.
En testimonios recabados para esta investigación, también se ha denunciado que tras las acusaciones contra la Marina, elementos de la dependencia han comenzado a amenazar a las familias.
Algunas de las víctimas de desaparición y ejecución son:
Kevin Alexander, de 35 años, originario de Honduras, ejecutado extrajudicialmente y encontrado ejecutado y con huellas de tortura.
Hari Hassim Cruz Vázquez, de 25 años, enterrado en una brecha.
Noé Ignacio Alférez Hernández, desaparecido.
Jonathan Ballesteros, desaparecido.
Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido.
Edmundo Ramírez Rodríguez, desaparecido.
Edgar de Jesús Pérez Lira, de 26 años de edad, desaparecido.
Andrés Lezama, ejecutado extrajudicialmente.
Tamara Báez, desaparecida.
Glafiro Vázquez Hinojosa, de 21, ejecutado extrajudicialmente y localizado en una brecha
Ángel Ulises García Aguiñaga, de 17 años, encontrado semienterrado en una brecha.
Juan Alberto Guerrero Santos, ejecutado extrajudicialmente y encontrado en una brecha, en los límites entre Tamaulipas y Nuevo León.
Miguel Ángel Ramírez Ruiz, ejecutado extrajudicialmente y sepultado en una brecha a orillas de la carretera federal Monterrey – Colombia.
Margarito Cárdenas, ejecutado extrajudicialmente y sepultado en una brecha a orillas de la carretera federal Monterrey – Colombia.
Víctor Armando Martínez Frausto, de 14 años, desaparecido.
Brandon Eduardo Nevárez García, de 18 años de edad, desparecido.
Adolfo Villegas, 14 años, desaparecido.
Desde la llegada de la Marina en 2011, en Nuevo Laredo han sido denunciadas detenciones arbitrarias que han derivado en casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Por las cuales se han obtenido recomendaciones por parte de la CNDH en 2012, en 2013 y en 2015.
“Ahora en 2018 se vive una crisis mucho más grave que las anteriores, los casos se han documentado de manera más completa que en ocasiones pasadas y nos damos cuenta que implica mayor número de personas desaparecidas, en tan poco tiempo. 30 personas en menos de 100 días”, advierte Raymundo Ramos.
