La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta legislación, que tiene como objetivo frenar uno de los delitos que más afecta a la ciudadanía y a la economía, establece penas de prisión de hasta 42 años en los casos más graves y determina que la extorsión se investigará y perseguirá de oficio.
Trayectoria de la Ley: Del Proyecto Inicial a la Aprobación Final
El camino para la aprobación de esta Ley ha sido un proceso legislativo que tomó varios meses, impulsado por la necesidad de combatir un crimen en constante aumento.
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Iniciativa Presidencial: El proceso comenzó con la iniciativa de la presidenta, que buscaba reformar el Artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General contra la Extorsión. El objetivo principal era homologar el tipo penal en todo el país, ya que las penas y definiciones variaban entre los estados, lo que generaba vacíos legales e impunidad.
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Aprobación Inicial en Diputados: En septiembre, los diputados federales aprobaron por unanimidad la reforma constitucional en materia de extorsión, enviando el dictamen al Senado de la República. El diputado Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la extorsión creció en promedio un 58% en seis años, destacando que las principales modalidades son el cobro de piso y las estafas telefónicas.
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Cambios en el Senado: La Cámara Alta analizó y aprobó el proyecto, pero incorporó alrededor de 20 cambios a 15 artículos, endureciendo las penas y el texto, y devolvió la minuta (el proyecto con cambios) a Diputados para su ratificación.
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Aprobación Definitiva: Finalmente, en el Pleno de la Cámara de Diputados se avalaron los cambios hechos por el Senado, concretando así la expedición de la Ley. El dictamen aprobado establece una penalidad base de 15 a 25 años, que puede elevarse hasta 42 años de cárcel con los agravantes.
Comentarios y Alcances Relevantes
La nueva Ley incluye diversas medidas que buscan fortalecer la lucha contra este delito:
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Persecución de Oficio: Una de las características centrales es que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar la investigación sin necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima.
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Uniformidad Penal: Dota al Estado mexicano de un tipo penal uniforme, permitiendo que todas las entidades federativas persigan y sancionen la extorsión bajo los mismos criterios y procedimientos.
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Protección a Víctimas: Se establecen medidas protectoras para las víctimas, ofendidos y testigos, garantizando su seguridad durante todo el proceso.
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Sanción a Facilitadores: La legislación castiga severamente a quienes faciliten, cooperen o auxilien dolosamente en la comisión del delito, incluyendo a quien introduzca o intente introducir dispositivos electrónicos a un centro penitenciario, con el fin de cortar la operación de extorsión desde las cárceles.
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Reparación del Daño: Se contempla que el dinero o bienes incautados a los criminales por este delito sean destinados prioritariamente para devolver lo que la víctima perdió o compensarla por el daño económico.
El siguiente paso es la promulgación de la Ley por parte del Ejecutivo Federal para que entre en vigor.
