- Autoridades federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en San José Iturbide; el cateo alcanzó 10 tanques, tres unidades de carga, contenedores y documentación bajo investigación.
Un operativo conjunto de autoridades federales y estatales puso bajo resguardo aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato, en un aseguramiento de enorme escala que también permitió localizar 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con la investigación.
La intervención se realizó en un inmueble de la comunidad de La Fragua, donde fueron encontrados productos con características de diésel, gasolina regular y gasolina premium. Por la magnitud del volumen localizado, personal especializado continúa con las labores de medición e identificación, mientras el Ministerio Público Federal deberá establecer su cantidad definitiva, origen y situación legal.
59 millones de litros y 10 tanques bajo resguardo
La operación derivó de una investigación por posibles delitos relacionados con el almacenamiento, distribución y otras operaciones con hidrocarburos. Un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato autorizó la orden de cateo.
La diligencia fue ejecutada por integrantes del Ministerio Público Federal, en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales.
Dentro del inmueble fueron asegurados 10 tanques con presunto combustible, además de tres unidades de carga, contenedores utilizados para su transporte y documentación que será analizada como parte de las investigaciones.
La cifra preliminar coloca la dimensión del operativo en 59 millones de litros, aunque las autoridades precisaron que los trabajos técnicos continúan y será necesario esperar los dictámenes correspondientes para establecer el volumen definitivo y la naturaleza del producto.
Investigan procedencia y legalidad del combustible
Todo lo localizado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la integración de la investigación y ordenará los peritajes necesarios para determinar qué producto estaba almacenado, cuál es su procedencia y si existe documentación que acredite legalmente su posesión y manejo.
El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, destacó que la relevancia de la operación no se limita a la cantidad de combustible encontrada, sino que alcanza los riesgos para las comunidades y las posibles estructuras financieras asociadas con operaciones ilícitas.
«No se trata únicamente del volumen localizado. Investigar posibles operaciones irregulares con combustibles permite reducir riesgos de incendios, explosiones y derrames; proteger a las comunidades y al medio ambiente, además de afectar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas», señaló el funcionario estatal.
Debido precisamente a la cantidad de hidrocarburo encontrada y los riesgos derivados de su manipulación, especialistas mantienen las maniobras de medición, muestreo, identificación y manejo seguro para prevenir incendios, derrames u otras afectaciones a la población y al medio ambiente.
Investigación continúa: no hay detenidos reportados
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas como resultado del cateo. La investigación permanece abierta y será la autoridad ministerial la encargada de establecer responsabilidades sobre el almacenamiento y las operaciones realizadas en el inmueble.
El propio gobierno estatal puntualizó que el cateo y los aseguramientos no determinan responsabilidades penales por sí mismos, por lo que corresponderá a las instancias ministeriales y judiciales resolver el caso conforme avance la investigación.
Mientras tanto, el inmueble, los 10 tanques, las tres unidades de carga, los contenedores, la documentación y los aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo permanecen bajo resguardo federal.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló que mantendrá la coordinación con autoridades federales para investigar delitos relacionados con hidrocarburos, reducir los riesgos asociados con su almacenamiento irregular y afectar recursos que eventualmente puedan estar vinculados con otras actividades delictivas.
