El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, dio paso a una entrega ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, de la segunda ronda de informes individuales de revisión a la Cuenta Pública 2016, de los cuáles se desprenden “más de 100 denuncias de hechos ante el Ministerio Público, por irregularidades en el gasto”.
“Tales anomalías, representan posible daño patrimonial a la Federación, a causa del uso indebido o desvío de recursos públicos”, apuntó.
En su presentación, Portal Martínez señaló que “el paquete puesto a disposición de los parlamentarios, tiene 664 informes individuales que incluyen 624 auditorías de cumplimiento financiero y dos auditorías de tipo forense, es decir, donde se encontraron elementos e indicios sobre posible daño patrimonial a la Federación”.
De esos ejercicios, agregó, “se desprenden 798 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, mil 587 recomendaciones y 41 promociones de ejercicio de la facultad de comprobación del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
Recalcó que durante su encargo, “a lo largo de ocho años, se presentaron 848 denuncias de hechos por presuntas irregularidades en el uso del erario; mientras que en la anterior administración, la ASF solo presentó 24 denuncias”.
“Como resultado de las auditorías a las erogaciones en 2016, se han logrado recuperar recursos federales por mil 927 millones de pesos, monto que se incrementará en el transcurso del 2018, conforme los entes, gobiernos y organismos observados subsanen las inconsistencias en sus informes de gastos”.
Apuntó que “del 2001 al 2015, la Auditoría ha recuperado una suma acumulada de 116 mil 425 millones de pesos”. Además dijo que, “los informes incluyen sugerencias a los diputados, respecto a temas en los que recurrentemente se han detectado irregularidades en el gasto, como los referentes a áreas naturales protegidas, esquemas financieros de largo plazo, uso de mecanismos financieros relativos a prestaciones laborales, exenciones fiscales, contrataciones entre entidades públicas, banca de desarrollo, el Fondo Mexicano del Petróleo y el uso de las participaciones federales”.
