(13 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció una serie de irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Entre muchas otras cosas, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, hizo público que existen faltas de protocolos, deficiencias en los procesos de regulación, control, verificación, vigilancia y protección, aunado a la falta de protocolos de actuación.
A pesar que el INM registró el gasto más elevado en la historia durante 2014 y 2015, esto no garantiza los derechos humanos de los migrantes, aún más, “pone en situación de vulnerabilidad a los flujos migratorios regulares e irregulares que ingresan, transitan, permanecen o pretenden salir del territorio nacional, y en riesgo el respeto de sus derechos humanos independientemente de su situación migratoria.”
El documento también señala que aunque en 2013 se elaboró la propuesta de política migratoria, -la cual está contenida en el Programa Especial de Migración 2014-2018- en ese año el INM no dispuso de mecanismos que le permitan dar seguimiento al cumplimiento de esos planes y programas en materia migratoria, y se determinó que en su Programa Anual de Trabajo 2013 únicamente se mide el desempeño de cada una de las direcciones generales del INM, sin que en este documento se incluyan indicadores o metas para dar seguimiento al cumplimiento de los planes y programas relacionados con la materia migratoria.
Además, en 2013 el INM no acreditó contar con el Registro Nacional de Extranjeros, porque sólo dispone de un registro de los extranjeros residentes en México que adquirieron la condición de estancia, el cual carece de mecanismos que aseguren su actualización. Con la revisión del registro disponible, se verificó que en 2013 se contabilizaron 215,553 extranjeros residentes en el país, de los cuales 126,264 (58.6%) fueron residentes temporales; 77,618 (36.0%), permanentes, y 11,671 (5.4%), se encuentran estudiando en el país.
Por otra parte, se comprobó que la entidad fiscalizada no dispuso de la información de las personas que salieron del país -debido a que carece de filtros de control en todos los puntos destinados al tránsito internacional de personas, por lo que no se garantizó la regulación y verificación de los flujos migratorios-.
En total, se determinaron 13 observaciones, las cuales generaron 18 recomendaciones que se enfocan en que el INM revise y modifique sus procesos de regulación, control y verificación de los flujos migratorios regulares, y que implemente acciones que garanticen la vigilancia y protección de los derechos humanos de los migrantes irregulares, a fin de preservar la soberanía del país y el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
Aunado a ello, en un comunicado conjunto, casi un centenar de organizaciones advirtieron que “los datos son alarmantes y la opacidad con la que está operando el INM, reflejan una política migratoria mexicana alejada de los principios fundamentales de los derechos humanos hacia las personas migrantes, dejando en claro el doble discurso que ha caracterizado al INM y el énfasis en la detección, detención y deportación de personas migrantes”.
Y solicitan la aclaración de la transparencia sobre las diferentes fuentes de ingresos y montos respectivos del INM, rendición de cuentas sobre los recursos ejercidos por el INM: ¿A qué áreas fueron destinadas y con qué fundamento?, aclaración sobre la totalidad de los recursos destinados a la detención de personas en Estaciones Migratorias y por qué conceptos, aclaración de la falta de establecimiento de alternativas a la detención para personas migrantes y solicitantes de asilo, si se contaba con los recursos necesarios y el ejercicio de recursos de manera específica destinados a la garantía y protección de los derechos humanos de la población migrante.
