(24 de febrero, 2016).- Oaxaca se coloca como el estado con el mayor número de agresiones contra los defensores de la tierra, territorio y recursos naturales, declaró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) quien denunció la persecución de defensoras ambientales que se oponen al megaproyecto eólico en el
Los ataques contra los defensores han incrementado desde que se concedió el amparo para la suspensión definitiva del proyecto eólico en el Istmo, declararon los integrantes del pueblo indígena Binnizá del Istmo de Tehuantepec, Bettina, Yesica Sánchez, Atziri Ávila Cruz Velázquez y Ricardo Lagunes, abogado de la comunidad.
La suspensión de los permisos otorgado por el juez Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, del proyecto Eólica del Sur en Juchitán de Zaragoza, otorgado el pasado 11 de diciembre, ha ocasionado una “campaña de linchamiento” contra Bettina Cruz, Carmen Ruiz, Isabel Jiménez y Sara Bartolo, a quienes culpan del rezago económico en el Istmo y las califican como “extorsionadoras profesionales”.
Además los encargados de los proyectos renovables en el Istmo pese al amparo no han respetado la autodeterminación de los pueblos indígenas ni el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada; el Estado mexicano y las empresas transnacionales, realizan una simulación de los procesos de la al realizar una simulación de procesos de Consulta con la cual han intentado validar el megaproyecto, el cual aspiraba a ser el número 15 construido en tierras comunales de Juchitán y el 25 en la región del Istmo.
Este tipo de proyecto eólico ha causado fuertes impactos en la naturaleza y ha fragmentado el tejido social de las comunidades al provocar enfrentamientos entre estos.
“Las comunidades no nos oponemos al progreso y al desarrollo, pero exigimos se haga con el debido respeto a nuestra autodeterminación, nuestras formas de vida y al estado de derecho; y que el gobierno garantice que se hará un verdadero ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento, previo, libre e informado, con buena fe y culturalmente adecuada, como lo establece el mandato internacional al que está obligado el Estado mexicano”, detallaron.
Por su parte la Red y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ha documentado que el 38 por ciento de las agredidas son defensoras del derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales y el 46 por ciento de ellas viven en zonas rurales lo que dificulta el acceso a la justicia.
