“Las autoridades federales, estatales y municipales incumplieron con las medidas cautelares para proteger a los 5 mil indígenas tsotsiles desplazados en Chalchihuitán y Chenalhó”, acusó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se explicó que, las medidas debían garantizar la seguridad de los desplazados, así como su acceso a la alimentación y la salud. “No llega con suficiencia ni se brinda con oportunidad la asistencia humanitaria, alimentación y atención a la salud que las personas desplazadas necesitan”, manifestó.
“De manera particular, no cuentan con condiciones mínimas de seguridad para que su integridad y vida no estén en riesgo”.
El Ombudsman añadió que “grupos armados disparan contra la población e incendian casas, por lo que la población joven no acude a la escuela y las personas no pueden desplazarse a los hospitales”. Esto después de una visita del quinto visitador general de la CNDH, Édgar Corzo, en tanto la organización Colectivo Cereza pidió apoyo para entregar víveres el 16 de diciembre, así como medidas para evitar más agresiones.
El organismo llamó a las autoridades a impulsar una solución pacífica y conciliatoria entre las comunidades, a fin de evitar mayor violencia y permitir que los pobladores retornen a sus hogares.
“La CNDH llama la atención de las distintas autoridades, de los tres niveles de gobierno, sobre la necesidad urgente de implementar acciones para recuperar la normalidad y la convivencia pacífica entre las personas en las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó”, agregó.
