(05 de octubre, 2014).- El 26 de septiembre los autobuses en los que viajaban estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, ubicada en la comunidad de Ayotzinapa, Guerrero, fueron baleados por policías y miembros del crimen organizado. En el ataque murieron tres jóvenes estudiantes, un jugador de fútbol –que viajaba en otro autobús y que también fue atacado—, el conductor del autobús, y una mujer adulta que viajaba en un taxi.
De acuerdo a las declaraciones de Iñaky Blanco, procurador general de Justicia del estado de Guerrero, la detención de los posibles responsables asciende a los 30 individuos y se espera que en las próximas horas este número incremente.
En la conferencia de ayer, sábado 4 de octubre, aseguró que varios de los elementos policiales tenían vínculos con grupos de delincuencia organizada, siendo, en algunos casos, gatilleros activos del narcotráfico.
Los miembros del gabinete de seguridad que participan en el caso, señalaron que los grupos delincuenciales que participaron en el violento ataque a los normalistas son Los Rojos y Guerreros Unidos, grupos armados desprendidos del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y que ahora se disputan las plazas de Iguala.
Guerreros Unidos, célula fundada en 2011, controla localidades como Iguala, Arcelia y Ciudad Altamirano, ubicadas en el norte del estado de Guerrero, disputándole territorios a la Familia Michoacana y a los Caballeros Templarios.
Por otro lado, Los Rojos tienen presencia en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, y en el estado de Morelos. De acuerdo con el comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, este brazo armado es el responsable de los delitos con mayor impacto, porque se dedican al narcotráfico, secuestro y extorsión.
Grupos de inteligencia militar y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) han manejado con recelo los datos que han obtenido de sus investigaciones, pero se presume el involucramiento de las autoridades municipales y estatales con los dos grupos armados.
La Procuraduría General de Justicia de Guerrero ha lanzado una orden de presentación contra el presidente municipal, Luis Abarca Velázquez –que se encuentra prófugo desde el 30 de septiembre— y del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, por su probable responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos.
En tanto, los normalistas que han protagonizado diversas manifestaciones y bloqueos de carreteras a nombre de sus compañeros desaparecidos, han señalado al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como el “asesino intelectual” de los tres fallecidos, y responsable de la desaparición.
