Diversas organizaciones entregaron un reporte propio sobre la situación de personas desaparecidas en el país luego del oficial que el Estado entregó sobre el “cumplimiento de las recomendaciones” emitidas en febrero de 2015 en esta materia.
Acusaron que dichos avances son “cambios cosméticos y sin estructuras operativas que permitan su implementación”. Asimismo que, pese al cambio de Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a Fiscalía, “esta instancia carece de recursos y personal suficiente y especializado”.
Además, acusaron la demora de la implementación de la base de datos Ante Mortem/Post Mortem así como la ausencia de una política de exhumación e identificación de restos humanos en fosas clandestinas. Frente ello, acusaron, las familias son quienes deben emprender la búsqueda, poniendo en riesgo sus vidas.
Por otra parte, señalaron “la falta de implementación de medidas cautelares; que la iniciativa de ley del Ejecutivo federal en la materia es deficiente para garantizar la búsqueda e investigación; la excesiva burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la falta de actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Entre las organizaciones que suscribieron este reporte se encuentran: Centro Prodh, Tlachinolla, Ideas y Fundar, quienes además, denunciaron que el actual Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) incumple los estándares impuestos por el Comité de la ONU.
