(7 de julio, 2014).- En el sexenio de Felipe Calderón existía una política para fabricar culpables, esa es la sentencia del mayor Francisco Pérez Chávez, quien fungía como ministerio público de la zona militar Culiacán, Sinaloa antes de ser encarcelado durante seis años por supuestos nexos con Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”, para que al final la falta de pruebas contundentes dictaran su salida de prisión.
La injusta detención del mayor efectuada en enero de 2008, tuvo su origen en una puga personal entre el general de brigada, Hidalgo Eddy, comandante en la Novena Zona militar en Culiacán y su, en teoría, superior, el general de división Roberto Miranda, responsable de la Tercera Región, con cuartel en Mazatlán, conflicto que estalló cuando se notificó el aseguramiento de varias propiedades del capo Víctor Emilio Cázares.
El enojo por esta situación, fue expresado por Eddy, quien recriminó a Pérez no haber disminuido los embates contra líderes del crimen organizado, a pesar de que el general Miranda así lo había dispuesto. En su función de fiscal militar en la Tercera Región Militar, la cual desempeñó a partir de 2007, cuando a al cuartel en Mazatlán llegó Miranda, Pérez Chávez asestó varios golpes al cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.
Sin embargo, el pasado 2 de julio, el mayo fue absuelto por el juzgado militar con sede en el cuartel de la Tercera Región, en Mazatlán, junto a los otros inculpados el sargento Ricardo Ramírez León y el teniente Humberto Ramiro López Cornejo, toda vez que en octubre del año pasado, los nuevos altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), hallaron varios casos judiciales sin pruebas y únicamente con acusaciones políticas.
Particularmente con Pérez Chávez, las pruebas en su contra eran anotaciones con su nombre en una libreta encontrada en la detención del “Mochomo”, la otra era una grabación obtenida a través de una intervención telefónica donde mencionan sus apellidos, mientras que la tercera se trataba de una declaración de teniente Sergio Jongitud Barragán, otrora escolta del general Eddy, quien dijo (sin que les constara) haber escuchado de los vínculos entre el mayor y los Beltrán Leyva. Toda ellas más tarde fueron refutadas incluso por el mismo capo.
Tiempo después, las acusaciones también fueron desmentidas por el general de brigada Noé Sandoval Alcázar, actual oficial mayor de la SEDENA (y sucesor de Eddy), quien descartó la posibilidad de que Pérez hubiese filtrado información al narco, debido a que no tenía acceso a dichos datos.
El pasado marzo, desde el penal militar de Mazatlán, el mayor envió una misiva a Enrique Peña Nieto, para explicarle su caso, donde mencionó que en 2008 el Juez Séptimo de Distrito en Guadalajara, Jalisco, ordenó su aprehensión y dictó el auto de formal prisión, dando pie a la llamada “nada jurídica”, pues nunca se explicó de donde se obtuvieron las pruebas ni cómo llegaron a manos del Ministerio Público, el cual las validó.
Hace apenas unos días, el Consejo de la Judicatura dio un ultimátum a un tribunal colegiado y a un tribunal unitario, con el fin de que el juez militar ejecutara la declaración preparatoria. Esta acción, que se retrasó más de un año, se resolvió el mismo día que el Consejo de la Judicatura presentó la queja.
Más tarde, el 24 de junio, la Judicatura presionó a ambos tribunales para que realizaran un nuevo dictamen, acto seguido se tomó la declaración preparatoria y en aproximadamente 72 horas el mayor fue absuelto, tras haberse mostrado que no existían pruebas en su contra.
Entrevistado por el semanario Rio Doce, el mayor Pérez Chávez, conocido como “el rehén del ejército” y “rehén” de la justicia militar, indica que todo fue una cuestión de Estado. “Nos mantuvieron en una prisión de máxima seguridad, con todas las vejaciones, uniformados, rapados, sobajados, seis años seis meses, exhibidos públicamente, fue un asunto de consigna”, expresó.
Ya en libertad, también anunció que tomará acciones legales contra los funcionarios al frente de las dependencias involucradas en su detención, como Eduardo Medina Mora, ex procurador general de la República; el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa; el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, otrora comandante de la zona militar en Culiacán, y contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Juan Silva Meza.
