Rodrigo Rojo / @Eneas
(24 de julio, 2013).- Los campesinos de la norteña región colombiana de, organizados en el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), denuncian que han sufrido acoso del gobierno desde hace décadas.
Esta zona es habitada por el pueblo indígena motilón bari, conformado por 23 comunidades. Las actividades que realizan en el área son, sobre todo, la agricultura, la ganadería y la pesca. Sin embargo, al habitar una región rica en recursos naturales, que cuenta con yacimientos de petróleo y carbón, y al ser frontera con Venezuela, ocupan un territorio es de gran importancia estratégica y económica para Colombia.
Por este motivo, las autoridades han buscado hacerse con el control de la tierra en esta zona y eliminar la resistencia indígena, según denuncia CISCA. Para lograr esto, el gobierno ha seguido una política de violencia cuya forma más extrema fue la creación de los grupos paramilitares que comenzaron a operar desde 1999 bajo dos nombres, principalmente: el Bloque Catatumbo y el Bloque Norte. Según las denuncias de los campesinos, estos grupos son responsables de provocar más de 10 mil muertes, 600 desaparecidos y decenas de miles de desplazados.
Las masacres cometidas por estos grupos no están muy documentadas, pero hay testimonios que denuncian la sistematización de la violencia en los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y lo que va del actual gobierno de Juan Manuel Santos: “Se robaron el ganado, saquearon tiendas comunitarias. Asesinaban a la gente descuartizándola, les sacaban los ojos, los capaban como se capa a un animal. Agarraban a las compañeras embarazadas, las rajaban con motosierra, les sacaban los niños y las despedazaban. El paramilitarismo era el mismo ejército camuflado, la misma policía camuflada de paramilitares. Fueron miles de campesinos masacrados pero hasta hoy no reconocemos en total cuántas son las víctimas, los desaparecidos, los asesinados que tuvimos en la región”.
Estos grupos paramilitares fueron públicamente desmontados en 2004 y 2006. Ante las cámaras de televisión se entregaron miles de armas y se reubicó a los elementos de esas unidades. Sin embargo, para CISCA esta desmovilización fue mentira pues “entregaron armas de las que no utilizaban allá, porque las que utilizaban eran las mismas prendas, las mismas armas de la propia Policía. Cuando el paramilitarismo se desmovilizó era el mismo aparato de gobierno que ha mandado estos diez años y el mismo gobierno que está en el 2013”.
Estas denuncias coinciden con la militarización de la zona del Catatumbo con más de 10 mil efectivos, pues desde que el ejército tomó el área han aumentado las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones; incluso algunos los líderes campesinos han sido víctimas. Para CISCA, la desmovilización del paramilitarismo sirvió para legalizar la entrada del ejército en el área.
El gobierno colombiano justifica la presencia de las fuerzas militares argumentando que los movimientos de campesinos han sido infiltrados por “guerrillas marxistas” y declarando las manifestaciones como ilegales. El 19 de julio, el gobierno condenó a 10 campesinos por actos de terrorismo y posesión ilegal de explosivos. “Ellos nos tildan de guerrilleros, de subversivos y de terroristas”, continúa la denuncia de CISCA.
La represión desatada este año ha sido tan grande y brutal que incluso la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado recientemente su “preocupación por la grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de la región del Catatumbo”.
En una misión de observación que dicho organismo realizó en junio, pudo constatar que durante las protestas campesinas “hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos: Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios”. Al mismo tiempo, la ONU reconoce que es importante escuchar y no estigmatizar a los campesinos pues tienen quejas verdaderas con relación a la garantía de sus derechos.
Parte del malestar de los campesinos de Catatumbo reside en que el proceso de diálogo comenzado en 2009 se encuentra estancado. De igual manera, el gobierno ha fallado en crear la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo y se ha retrasado en cumplir los objetivos de inversión social establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para el Catatumbo. Pareciera que, actualmente, el gobierno se encuentra concentrado en las negociaciones con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se están llevando a cabo en Cuba.
Sin embargo, para CISCA, estas negociaciones buscan solamente “una paz de mentiras” y llegar a acuerdos que franqueen el paso al poder económico en la región “porque al gobierno le sirve negociar con ellos, para que puedan explotar los recursos que aquí hay. Mientras negocian allá nosotros aquí en la región seguimos llevando el bulto. No tenemos educación, salud, seguridad ni derechos humanos. El hambre y la miseria siguen en nuestros territorios. La negociación que hacen hoy las FARC y el gobierno son unos acuerdos de paz mentirosos que nosotros no consideramos la verdadera paz que Colombia necesita”.
Por su parte, las FARC lanzaron en su sitio web un comunicado el 19 de julio en donde dicen que la lucha de los pobladores de Catatumbo “coincide plenamente con nuestras posiciones políticas” y advierten que si el gobierno no escucha las demandas de los campesinos y vuelve a ejercer la violencia, “aquí estamos nosotros. Pueden contar con nuestras filas, con nuestras armas, con nuestros combatientes. Dispuestos a recibirlos, a apoyarlos, a conducirlos a la victoria final”.
Sin embargo, los pobladores de Catatumbo organizados en la CISCA han dejado muy claro que ellos “no buscan generar violencia, queremos generar la paz con justicia social” y se preguntan qué clase de paz es la que se está negociando en Cuba mientras a los “compañeros o hermanos indígenas los siguen sacando de los territorios”. Para la organización campesina, la paz no podrá ser alcanzada mientras los poderes económicos que buscan adueñarse de los recursos naturales no salgan del área: “Allá en nuestro territorio generan el terror para poder sacar el petróleo y todas las riquezas que tenemos, mandan bombas para poder sacar lo que ellos buscan”.
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