En un fallo que desnuda las prácticas coloniales de la industria extractiva en México, un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) del T-MEC ha confirmado lo que la base trabajadora venía gritando: la empresa canadiense Orla Mining Ltd., a través de su filial Camino Rojo, ejecutó una grave denegación de derechos laborales en su unidad minera de Mazapil, Zacatecas.
La resolución, publicada a finales de marzo de 2026, señala a la empresa como el “principal promotor de la negación de derechos”, acusándola de operar activamente para destruir la organización auténtica de los trabajadores y favorecer a un sindicato patronal denominado Sindicato de Minas, en detrimento del sindicato titular, Los Mineros.
El panel no escatimó en detalles sobre el clima de violencia que impera en la mina de oro y plata. Según el informe, la gerencia de Camino Rojo no solo intervino de forma discriminatoria en la vida sindical, sino que también permitió y facilitó actos de coacción, intimidación y despidos arbitrarios.
“La injerencia en los asuntos sindicales, los actos de violencia y las amenazas fueron suficientes para crear un clima de temor entre los trabajadores”, sentencia el fallo.
Lo más alarmante es la responsabilidad social y criminal que el panel atribuye a la minera. En una zona asediada por la delincuencia organizada, la resolución destaca que tanto Orla Mining como Camino Rojo tenían pleno conocimiento de la inseguridad en la región, y en lugar de proteger a su fuerza laboral, utilizaron ese contexto para exacerbar la vulnerabilidad de quienes intentaban defender su contrato colectivo.
“Limpiar” el nombre con justicia, no con retórica
Ante la contundencia de las pruebas, que incluyen violencia física real y amenazas de muerte, el Panel ha propuesto una serie de medidas de reparación que la empresa deberá cumplir si pretende seguir operando bajo el marco comercial del tratado.
Dichas medidas incluyen una disculpa pública por parte de la empresa; reincorporación inmediata e indemnización de los trabajadores despedidos por causas políticas/sindicales; garantía de acceso a las instalaciones para el sindicato “Los Mineros” y cese inmediato de la protección al sindicato blanco y la inclusión de políticas de tolerancia cero contra la violencia laboral y medidas de seguridad adicionales.
El caso llegó a estas instancias después de que el gobierno de México emitiera una conclusión limitada sobre los hechos y no lograra acordar un plan de remediación con Estados Unidos. Fue necesaria la presión internacional y la resistencia de los trabajadores para que se reconociera la magnitud del atropello.
El Embajador Jamieson Greer, representante comercial de EEUU, señaló que estas acciones buscan evitar que las empresas en México obtengan una “ventaja injusta” mediante la explotación y la violación de la libertad de asociación. Sin embargo, para la clase trabajadora zacatecana, la lucha va más allá de la competitividad comercial: se trata de la dignidad frente a un modelo extractivista que extrae oro mientras entierra derechos básicos.
Este fallo marca un precedente histórico contra el corporativismo patronal y las trasnacionales canadienses que, históricamente, han visto en suelo mexicano un territorio sin ley para el abuso laboral. La victoria de Los Mineros en este panel es un recordatorio de que la organización colectiva sigue siendo la única defensa real frente al capital.
