La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que propone castigos severos para quienes adquieran, produzcan o vendan cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos. La medida más destacada establece penas de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos por estas actividades.
La justificación: un riesgo para la salud pública
Al justificar la iniciativa, la mandataria argumentó que los dispositivos de vapeo generan riesgos que afectan no solo a los usuarios, sino también a quienes los rodean, e impactan a las instituciones de salud pública. Citó a la Secretaría de Salud, que ha documentado que estos dispositivos pueden causar lesiones pulmonares, enfermedades cardiovasculares y problemas de salud bucal.
La propuesta subraya la necesidad de penalizar y controlar estas sustancias para evitar que sigan afectando a la población, especialmente a los jóvenes, quienes son un sector vulnerable al consumo de estos productos.
La trayectoria del combate a las adicciones
La medida es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para regular y prohibir sustancias dañinas. El Ejecutivo federal ya había emitido prohibiciones administrativas sobre la venta y distribución de vapeadores, pero esta iniciativa busca elevar el castigo a nivel penal. Además, la reforma no se limita solo a los cigarrillos electrónicos, sino que también busca regular la prohibición, distribución y venta de otras sustancias tóxicas y precursores químicos, incluyendo el fentanilo.
Otros puntos clave de la reforma
El documento de 299 cuartillas abarca otros aspectos cruciales para el sistema de salud mexicano:
- Regulación de Sustancias Tóxicas: Se incluyen medidas para prohibir y sancionar la distribución de diversas sustancias, entre ellas el fentanilo.
- Compras Consolidadas: Se busca que la Secretaría de Salud coordine la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos para obtener mejores precios, combatir la corrupción y garantizar su disponibilidad. También se busca fomentar la inversión nacional en la producción de medicamentos.
- Modernización y Regulación: Se propone la incorporación de la telemedicina y la digitalización de registros médicos para ampliar la cobertura. Además, se busca establecer la regulación de hemoderivados y el plasma residual para asegurar la calidad y seguridad de estos medicamentos esenciales.
- Arbitraje Médico: Se incorporan mecanismos alternativos como la conciliación y mediación en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) para atender quejas de mala práctica.
Con estas propuestas, el gobierno busca una reforma integral de la Ley General de Salud que castigue el comercio de vapeadores, asegure el abasto de medicamentos y modernice la infraestructura de atención médica.
