(23 de enero, 2015).- A casi tres años del brutal asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, perpetuado el 28 de abril de 2012, las autoridades del estado no han logrado resolver el caso.
La Procuradoría General de Justicia del Estado (PGJE), sólo ha procesado a Jorge Antonio Silva Hernández, “El Silva”, analfabeta, cero positivo que alega que su declaración fue construida e inducida mediante tortura. El supuesto asesino de Regina, según las autoridades estatales, es José Adrián Domínguez “El Jarocho”, quién aún no ha sido detenido.
El móvil, según las investigaciones, fue rebajado de un crimen de libertad de expresión, como se vislumbra a todas luces, toda vez que fueron hurtados documentos y el equipo de trabajo de la periodista, a un crimen pasional derivado de los reclamos de Regina al que sería su pareja y posterior asesino, “por no visitarla con frecuencia”. El Jarocho, su supuesto novio ha sido presentado por las autoridades como un criminal drogadicto dedicado a la prostitución, que habría asesinado a Regina Martínez asfixiándola. Sin embargo, Silva Martínez, “El Silva”, asegura que la versión es falsa y por medio de la tortura lo obligaron a declarar de esa manera.
“El Silva” fue sentenciado a 38 años de prisión por la juez tercero de primera instancia Beatriz Rivera Hernández que posteriormente, en septiembre de 2014, sería promovida por el gobernador del estado, Javier Duarte, para ocupar el cargo de magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Silva Hernández fue exonerado de los cargos de complicidad en agosto de 2013, sin embargo, el hermano de la periodista, Ángel Martínez impugnó su libertad y dos meses después “El Silva” fue reingresado a prisión.
Así, a 3 meses de cumplirse 3 años del asesinato de Regina, las autoridades a cargo del gobierno veracruzano encabezado por el señaladísimo Javier Duarte por violar los derechos humanos de los periodistas y albergar cifras alarmantes y escalofriantes sobre periodistas asesinados, no han logrado o no han querido resolver un caso más de atropellos contra la libertad de expresión. Organizaciones independientes, activistas, familiares y sociedad civil se han manifestado por las inmediata resolución de un crimen que se suma a los muchos en el país sobre profesionales de la información.
Javier Duarte será recordado únicamente por sus actitudes de dictador al callar aquellas voces que informan objetiva y verazmente sobre los casos de corrupción y extrema violencia que hay en la entidad. Son 10 los periodistas muertos en la administración del gobernador priísta y 4 más desaparecidos. ¿No es ese un índice grave de violación a la libertad de expresión?
