El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano tras dictársele prisión preventiva oficiosa por los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada vinculados al caso Ayotzinapa.
El juez federal Mario Elizondo Martínez rechazó concederle el beneficio de reclusión domiciliaria al considerar la existencia de un alto riesgo de evasión, determinando que el imputado podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) fundamentó la imputación penal en testimonios clave que señalan al exmandatario de ordenar la eliminación de material probatorio crucial la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con los testimonios de Blanca «N» y Lambertina «N» revelaron que Aguirre recibió un disco con grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala. En las cintas se observaba a policías municipales y civiles capturando a los normalistas del autobús 1531.
El material fílmico fue entregado presuntamente por Aguirre al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, bajo la instrucción de «hacerse cargo».
El 30 de septiembre de 2014, el exgobernador habría citado a su círculo cercano para ordenar la destrucción total de las evidencias de los días 26 y 27 de septiembre.
Las testigos afirmaron considerar a Aguirre una «persona peligrosa», señalando que tanto él como su sobrino y asesor, Ernesto Aguirre, mantenían nexos con organizaciones criminales.
Detalles de la audiencia y estado del imputado
Aguirre Rivero asistió a la audiencia en silla de ruedas, argumentando un cuadro severo de hipertensión derivado de su detención. Pese a los alegatos de la defensa sobre su avanzada edad y salud, el juzgador resolvió que no se cumplían las condiciones legales de excepción para permitirle el arresto en su casa.
Aunque inicialmente optó por la reserva de su derecho, al cierre de la sesión externó tener su «conciencia tranquila y en paz», asegurando que demostrará su inocencia a su familia.
La representación social de la FGR dio por acreditada la participación del exfuncionario en una estrategia coordinada con mandos estatales de alto nivel para ocultar el paradero de los 43 estudiantes normalistas.
