(07 de junio, 2016).- El día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación a las autoridades de la Ciudad de México luego de la muerte de forma violenta de 14 personas dentro de centros de reclusión.
La comisión apuntó que además de la pérdida de vida, se reportaron violaciones al acceso y recepción de información por la falta de notificación de las autoridades del reclusorio a los familiares de las personas fallecidas; y también, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
“Resulta preocupante que se sigue presentando el mismo esquema de violación del derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, lo que significa que no se han implementado mecanismos eficaces para la no repetición de los hechos”, apuntó la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo.
Según Gómez se ha identificado un patrón “que tiene que ver con la falta de seguridad en diversas áreas de los centros de reclusión, vinculada con la falta de personal técnico capacitado y con la carencia de mecanismos tecnológicos, lo que tiene como consecuencia que el Sistema Penitenciario en la Ciudad de México no pueda garantizar la seguridad”.
Advirtió que se han hallado objetos como “navajas 007, navajas de muelle, soleras, pedazos de metal con punta, e incluso un arma de fuego, los cuales fueron los instrumentos con los que se privó de la vida a las personas agraviadas”.
Calificó como insuficiente el equipo tecnológico con el que cuenta el Sistema Penitenciario como son arcos detectores de metales, escáneres y circuitos cerrados de cámaras; así se observa “en los casos de muertes violentas, agresiones físicas entre personas privadas de libertad, así como el uso indebido de la fuerza de servidores públicos hacia ellas”.
La Comisión pidió a la Secretaría de Gobierno capitalino reparar el daño causado de manera integral, por la violación a los derechos humanos de las personas que perdieron la vida de manera violenta; establecer un sistema para el registro de incidentes violentos ya sea entre personas privadas de la libertad o con personal de seguridad y los fallecimientos que se presenten en un contexto de violencia y elaborar un diagnóstico para identificar las necesidades en cuanto a los esquemas de seguridad y de los espacios disponibles para abatir el hacinamiento y atender las necesidades específicas de la población en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, llamó a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se reitera la necesidad de destinar presupuesto emergente dirigido a mejorar la infraestructura de los centros de reclusión, los mecanismos de seguridad interna y externa, así como a las acciones de capacitación.
