En un movimiento calificado como “histórico” y sin precedentes, el Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de Rentas Justas, Razonables y Asequibles. La propuesta busca elevar a rango constitucional la protección de los inquilinos y frenar el desplazamiento forzado de los habitantes debido al aumento desmedido de los alquileres.
Durante la presentación, la Jefa de Gobierno destacó que esta reforma es el primer paso de una ruta legislativa que culminará con la creación de una ley específica para regular el mercado inmobiliario habitacional.
La iniciativa responde a una realidad crítica en la capital, donde uno de cada cuatro capitalinos renta su vivienda (aproximadamente 2 millones de personas). Las autoridades presentaron datos que fundamentan la urgencia de la medida.
Entre 2015 y 2025, el precio de la vivienda en la CDMX se duplicó; solo entre 2019 y 2023, las rentas en ciertas zonas subieron más del 30 por ciento. Además, se expuso que los hogares con menores recursos destinan casi la mitad de sus ingresos al pago de alquiler.
Respecto a la exclusión juvenil, se reiteró que 2 de cada 3 jóvenes viven en vivienda rentada; sin embargo, el alto costo ha provocado que muchos no puedan independizarse de sus padres. Asimismo, tan solo en 2020, la ciudad expulsó a cerca de medio millón de personas hacia la periferia.
4 pilares de la Reforma Constitucional
El proyecto de decreto busca modificar el Artículo 9 de la Constitución local bajo cuatro ejes fundamentales:
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Tope a las rentas: Se establece que el incremento anual de los alquileres no podrá superar la inflación reportada por el INEGI el año anterior.
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Vivienda Social Masiva: El Gobierno tendrá la obligación de ampliar su reserva territorial (comprar suelo) para construir vivienda pública asequible, priorizando a jóvenes y sectores vulnerables.
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Defensoría del Inquilino: Se creará una institución pública encargada de mediar, promover y defender los derechos y obligaciones tanto de arrendadores como de arrendatarios, buscando certidumbre jurídica.
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Derecho al Arraigo: Se reconoce por primera vez el derecho constitucional al arraigo vecinal y comunitario, obligando al Estado a implementar políticas explícitas contra la gentrificación.
Debido a que las reformas constitucionales requieren un proceso especial, la iniciativa será enviada al Congreso de la Ciudad de México para ser discutida y, en su caso, aprobada en el periodo legislativo que inicia en septiembre de 2026.
“Buscamos que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio. Cuando un principio se incorpora a la Constitución, deja de depender de la voluntad en turno y se convierte en una responsabilidad de Estado”, enfatizó la mandataria capitalina.
De aprobarse, la Ciudad de México se convertiría en la primera urbe del mundo en blindar constitucionalmente un límite al crecimiento de los alquileres y un mandato directo para combatir el desplazamiento vecinal.
