(19 de junio, 2016).- Tras el desplazamiento forzado de al menos 280 familias de las comunidades de Badiraguato por la violencia del crimen organizado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa proporcionó medidas cautelares a nivel estatal y municipal para garantizar los de derechos de las personas que huyeron de sus hogares en Arroyo Seco, La Palma, Huixiopa y La Tuna.
José Carlos Álvarez Ortega, ombusdman de la CEDH, instó a las autoridades a brindar acceso a las familias desplazadas a los programas de alimentación, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento digna.
Asimismo es urgente que las autoridades intervengan y protejan a las personas que se han visto afectadas por la guerra entre los grupos delictivos del Chapo Guzmán y los Beltrán Leyva.
Se debe realizar un censo de todas las personas afectadas del Triángulo Dorado, clasificar por sexo, edad (niños, adultos y personas mayores) para un debido control y seguimiento; así como recopilar información que describa la situación de violencia que se vive en la sierra de Bandiraguato.
El pasado 11 de junio alrededor de 150 sujetos armados, integrantes del grupo delictivo los Beltrán Leyva invadieron las comunidades de Badiraguato, donde asesinaron a tres personas y amenazaron de muerte a los habitantes si no dejaban sus hogares.
