El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, permanecerá en el Penal Federal del Altiplano luego de que una jueza de control dictara prisión preventiva justificada, al considerar que existen riesgos procesales vinculados con la imputación que enfrenta por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente cometidas durante su administración estatal.
La decisión se tomó tras una audiencia inicial de más de 14 horas, celebrada la madrugada del 10 de diciembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, donde la Fiscalía General de la República (FGR) expuso un paquete de 120 datos de prueba que sustentan los señalamientos.
Las acusaciones: desvío millonario y operaciones bancarias con empresas propias
La FGR acusa a Duarte de un presunto desvío de 96.6 millones de pesos entre 2010 y 2016, cuando era titular del Ejecutivo estatal. De ese monto, 73.9 millones habrían ingresado al sistema financiero mediante ocho operaciones bancarias, lo que constituye la base del señalamiento por lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación, los recursos salieron de la Secretaría de Hacienda estatal hacia dos empresas controladas directamente por Duarte:
- Unión Ganadera Regional División del Norte
- Financiera División del Norte SOFOM
La FGR señala que Duarte era accionista mayoritario y presidente del consejo de ambas. Además, los fondos presuntamente se dispersaron hacia otras compañías vinculadas a su círculo cercano, como Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e Hidroponia El Parral, así como a cuentas relacionadas con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
En la red también figura Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario estatal y señalado como uno de los operadores financieros del esquema.
Lo que dejó la audiencia inicial: reclamos, argumentos y decisión judicial
Durante la audiencia, Duarte se reservó su derecho a declarar. Al confirmar sus datos generales, mencionó una discapacidad motriz derivada de cirugías de columna y señaló inicialmente que hablaba lengua tarahumara, lo que generó un receso para gestionar intérprete; después aclaró que no era necesario.
La defensa, encabezada por el abogado Carlos Ríos, pidió cancelar la orden de aprehensión argumentando fallas en la documentación enviada por Estados Unidos para autorizar la nueva imputación. Afirmó que la nota diplomática no estaba completa y que la respuesta del gobierno estadounidense carecía de sello, número de causa, apostilla y firma reconocida.
La jueza María Jazmín Ambriz López desestimó los reclamos y señaló que no tiene facultades para invalidar una orden emitida por otro juzgador, además de confirmar la legalidad de la detención. Con base en el riesgo procesal expuesto por el Ministerio Público, determinó mantenerlo en prisión preventiva justificada.
Autorización estadounidense y pasos procesales que vienen
La orden de captura había sido emitida desde el 16 de mayo de 2024, pero no podía ejecutarse sin autorización del gobierno de Estados Unidos, debido a que Duarte había sido extraditado anteriormente por otros delitos. Ese permiso llegó finalmente el 4 de diciembre de 2025, lo que permitió activar la nueva acusación.
Con ello, la jueza fijó para el fin de semana del 14 y 15 de diciembre de 2025 la audiencia de vinculación a proceso, donde se definirá si Duarte enfrentará formalmente esta nueva causa penal por lavado de dinero y desvío de recursos.
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