La aprobación de la Ley de Seguridad Interior constituye el último eslabón en la construcción de un Estado policíaco-militar subordinada a Estados Unidos, señaló el Senador Manuel Bartlett. Añadió que la construcción del Estado Policíaco-Militar, es la elaboración paulatina de un sistema jurídico concatenado y planeado.
El Estado policíaco militar se caracteriza por: Mantener un estricto control social por medio de las fuerzas armadas; las amenazas ya no son externas, el enemigo es interno: terrorismo, guerra contra las drogas, crimen organizado; y las empresas trasnacionales exigen la garantía de la represión policíaca y militar.
El Estado policíaco militar se edifica paso por paso. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 7 de noviembre de 1996 y las reformas al Código Penal Federal de ese año, establecen el tipo penal de delincuencia organizada: “unión de 3 o más personas para cometer entre otros delitos el de terrorismo”. Permiten las operaciones encubiertas y la intervención de comunicaciones privadas.
En 2002, México se integró al Comando Norte tras los atentados en Nueva York del 11 de septiembre de 2001, y de la expedición de la Patriot Act. El término de seguridad interior no se desprende de la historia constitucional mexicana, se deriva del concepto Homeland Security de 2001. Los riesgos y amenazas ya no se refieren a las que provienen del exterior, sino a los riesgos y amenazas al interior del propio Estado, en donde los enemigos son: los terroristas, los narcotraficantes, etcétera, indica el Senador.
El 28 de octubre de 2003, se celebró en México la Plenaria de la “Conferencia Especial sobre Seguridad” de la OEA, que aprobó la “DECLARACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN LA AMÉRICAS”. El documento introdujo las “nuevas amenazas” a la Seguridad Nacional de Estados Unidos –terrorismo, crimen organizado, inmigración ilegal- y éstas se asumieron como propias por los países del continente.
El 5 abril de 2004 se publicó la reforma constitucional a los artículos 73 fracción XXIX-M y 89 fracción VI para introducir importado de Estados Unidos el concepto de seguridad nacional. “La Ley de Seguridad Nacional se publicó en el Diario Oficial el 31 de enero de 2005. Su artículo 3 define la seguridad nacional para proteger a la nación frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país. Las amenazas y riesgos son entre otros: la rebelión, el terrorismo, y el sabotaje. Faculta la intervención de comunicaciones y las operaciones encubiertas”.
“La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) acuerdo suscrito por Vicente Fox – 23 de marzo 2005-. Involucra a Canadá, Estados Unidos y México. Su fin es lograr a través de la ciencia, la tecnología y políticas de seguridad para la integración de América del Norte. En 2009 y 2013 el ASPAN se modifica para garantizar más seguridad en América del Norte, y denominarlo ‘Diálogo Económico de Alto Nivel’ (DEAN)”.
“Calderón para impedir el trasiego de narcóticos a Estados Unidos inicia en diciembre de 2006 la guerra contra las drogas incentivado por el gobierno de los Estados Unidos. Costó en ese periodo más de 100 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos. Violentó el Estado de Derecho al permitir que las fuerzas armadas realizaran funciones en contra de la Constitución.
La Iniciativa Mérida –acuerdo de Calderón- fue puesta en marcha con George W. Bush el 30 de junio de 2008, y es un acuerdo no ratificado por el Senado mexicano –inconstitucional-, implica formalmente a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. El gobierno de los Estados Unidos diseña libremente las políticas militares y de seguridad y las implementa en la región. Las fuerzas armadas nacionales quedan subordinadas al Departamento de Estado, a la Homeland Security, a la CIA, y a otras agencias del gobierno de Estados Unidos”.
La ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2 de enero de 2009, que es iniciativa de Calderón, permite el uso de agentes encubiertos, la información satelital de la telefonía y el internet, incluye el concepto de inteligencia preventiva, la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, y el sistema de escuchas, indica el senador.
El Pacto por México de 2 de diciembre de 2012 comprometió promover y consolidar el nuevo sistema penal acusatorio –introducido en la Constitución en 2008- pero tiene por fines homologar el sistema penal mexicano al norteamericano, y sustituir a la cultura jurídica nacional.
Desde la época de Carlos Pascual, en 2011, como embajador de Estados Unidos en México, ésta ya había sugerido la presencia de agentes norteamericanos en territorio nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado con los enfoques del sistema jurídico de los Estados Unidos dado que en México no contábamos un Estado de Derecho. También aludió a la presencia del ejército en tareas de seguridad y en la necesidad de que México tuviese un Estado fuerte que garantizara la seguridad de América del Norte.
“El transitorio octavo de la reforma constitucional energética de 20 de diciembre de 2013, permite a las trasnacionales, mediante el empleo de la fuerza, la ocupación temporal y la expropiación para poner a su disposición el territorio nacional a fin explotar los recursos energéticos.
El 6 de octubre de 2015 la Secretaria de Relaciones Exteriores reconoce el envío de efectivos de las fuerzas armadas al exterior –operaciones de Paz de la ONU- sin autorización del Senado y en franca violación a la Constitución”.
Reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de 12 de noviembre de 2015-, permiten la presencia de agentes armados de migración y aduanas de los Estados Unidos en territorio nacional.
“Las reformas a Ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos el 12 de enero de 2016, en el contexto de la reforma energética. Esos cambios jurídicos establecieron en México un régimen especial de carácter penal en materia de hidrocarburos para favorecer a las trasnacionales. Criminaliza la protesta social con las categorías penales de terrorismo y sabotaje.
El 13 de mayo de 2016, se reúnen los mandos de la Defensa de los Estados Unidos con los Secretarios de Defensa y Marina de México. El jefe del ejército de los Estados Unidos agradeció el apoyo de México para consolidar las políticas de seguridad en el continente.
Las reformas al Código de Justicia Militar y la aprobación del Código Militar de Procedimientos Penales, publicadas en el Diario Oficial 16 de mayo de 2016, que confirieron un poder desmedido al Secretario de la Defensa, quien nombra magistrados, jueces, procuradores, defensores y peritos en la justicia militar, y que permite a los tribunales militares realizar diligencias respecto de personas y bienes de civiles (cateos, intervención de telecomunicaciones, y presentación de testigos)”.
Señala que, el 17 de junio de 2016, el Senado aprueba el dictamen de reforma constitucional en materia de mando mixto para centralizar la seguridad pública en detrimento del federalismo. En junio de 2017, se militarizan los puertos del país.
“El 19 de mayo de 2017, los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación tuvieron reuniones con el Secretario del Departamento de Estado Tillerson, y con John Kelly. Acuerdos opacos y sin participación del Senado –inconstitucionales- fortalecen y subordinan a México a los intereses de los Estados Unidos.
Entre el 14 y 16 de junio de 2017 se celebró en Miami, Florida, la Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica. Se mutó nuevamente la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte para darle un enfoque primordialmente militarista”.
“Videgaray y Osorio se reunieron hoy con el Secretario del Departamento de Estado y el de la Homeland Security para incrementar la cooperación en materia de seguridad. Osorio Chong hoy anunció en los Estados Unidos, frente a las autoridades militares de ese país y parte del gabinete norteamericano, la aprobación de la ley de seguridad interior, cuando aún la estamos discutiendo en el Senado, y sin tomar en cuenta la oposición de la sociedad civil, la ONU, los rectores de universidades, y el rechazo de las Comisiones de Derechos Humanos del país”, puntualiza.
